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La juez Alaya anula la grabación al alcalde por el escándalo de los contratos

  • La defensa de Diego Manuel Agüera cree que tras la expulsión como prueba del CD con la conversación, la causa "sólo tiene un camino: el archivo", dado que el caso gira en torno a la misma.

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, con su abogado, Juan Silva de los Reyes, en los juzgados de Sevilla. El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, con su abogado, Juan Silva de los Reyes, en los juzgados de Sevilla.

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, con su abogado, Juan Silva de los Reyes, en los juzgados de Sevilla. / víctor rodríguez

La juez de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha anulado la grabación por la que ha sido imputado por delitos de prevaricación y malversación el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), quien habría reconocido en esa conversación que concedió un contrato al padre de una militante socialista porque le "salió de la polla" (sic).

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en un auto del que ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya, ha acordado finalmente expulsar la grabación de la causa, al estimar el recurso del abogado del alcalde, Juan Silva de los Reyes, tras la negativa de la juez de Instrucción número 3 a invalidar la validez como prueba de esa grabación.

Dice Alaya que esa grabación vulneró el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo acuerda la "nulidad y expulsión del procedimiento" de la misma, así como de la "transcripción que se haya realizado" y de las "pruebas obtenidas a través de la misma si se considera por la instructora en virtud del control de la conexión de antijuricidad que debe realizar en todas la diligencias de investigación practicadas entre el contenido de la grabación y las diligencias derivadas".

La defensa del regidor algabeño había alegado que esta grabación fue obtenida vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones, por cuanto habría sido "sustraída" de un teléfono móvil, además de transgredir el derecho del alcalde a "guardar silencio y a no declarar contra sí mismo". Dicha grabación fue realizada por una de las hermanas Cano Gallardo, que no deseaba en ningún momento "hacer uso ni difundirla", dejándola en un móvil guardado en una vivienda suya. Cuando se divorció, ese piso correspondió a su ex marido y la grabación fue "sustraída de la esfera de la señora Cano Gallardo y como consecuencia de ello la conversación llega a manos del denunciante, quien curiosamente mantiene graves controversias judiciales" con el alcalde, argumentaba la defensa.

La Audiencia ordena la expulsión de las pruebas obtenidas de esa grabación

Para avalar su postura, citó un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo de 2016 anuló otra grabación en el caso de la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP), en relación con el caso del cohecho por el bolso de Loewe, del que finalmente fue absuelta por el alto tribunal. Lo curioso es que este auto que anuló la grabación a Ana Hermoso revocó precisamente otra resolución de la juez Mercedes Alaya, quien precisamente fue la encargada de enjuiciar este caso y quien había avalado inicialmente la grabación realizada a esta alcaldesa.

El abogado del alcalde La Algaba, Juan Silva de los Reyes, aseguró este miércoles a este periódico que, tras el auto que anula la grabación, la investigación judicial abierta "sólo tiene un camino: el archivo".El letrado explica que la grabación es la prueba fundamental de los denunciantes, dado que todas las diligencias que se han llevado a cabo han sido "extraídas de la grabación y a los testigos e investigados se les ha preguntado por la grabación", por lo que todas esas diligencias son "nulas por el efecto reflejo de la prueba nula", lo que se conoce jurídicamente como la teoría de la fruta del árbol envenenado o podrido.La defensa insistió en que Diego Manuel Agüera desconocía que lo estaban grabando y, aunque negó expresamente que fuera la persona que se escucha en la grabación -según la argumentación de la defensa-, "desconocía que su contenido podría perjudicarle procesalmente, como de hecho le ha perjudicado, pues son dichas manifestaciones que se le atribuyen las que han servido para traerlo al procedimiento en calidad de investigado y a estos efectos se le están imputando delitos muy graves".

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