Caso de los ERE

Alaya impone una fianza de responsabilidad de 26 millones e inhabilitación para Sayago y Rosendo

  • La juez ha impuesto esa cifra a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, por sus 34 millones en ayudas ilícitas.

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La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 26.032.600 euros a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José María Sayago y José Enrique Rosendo por sus 34 millones de euros en ayudas "ilícitas", a quienes también prohíbe "cualquier acto de comercio". La juez Alaya, imputa a Sayago y Rosendo haber constituido un "numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí" y "muchas de ellas sin actividad ni trabajadores" cuyo único "objeto real" era la percepción de ayudas oficiales.

"En connivencia con responsables de la Junta de Andalucía" fueron adjudicatarios de 34 millones de euros "concedidos ilícitamente", según el auto, que recuerda que ambos empresarios, que declararon el pasado día 29 de abril, habían sido concejales socialistas en El Pedroso (Sevilla). A pesar de tratarse de ayudas del programa 31L de la Dirección General de Trabajo, "ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de estas empresas no tenían trabajadores y las que los tenían recibieron ayudas muy desproporcionadas" para el número de personas que tenían contratadas", precisa la juez.

Entre los pocos trabajadores que tuvieron, añade el auto, se encontraban la hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, Sonia, que "llegó a cobrar en un año 48.189 euros como supuesta responsable de comunicación del grupo", así como Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte, José Caballos, que en ocho meses como director de márqueting cobró 34.892 euros. Según la juez, "toda esta utilización de fondos públicos indiciariamente al margen del Derecho", como ha señalado "en reiteradas ocasiones" el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "sería producto de una estrecha connivencia entre los imputados y responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente IDEA".

Las operaciones se tradujeron en "un enriquecimiento personal" de los acusados gracias a la acumulación de subvenciones recibidas "en detrimento de los intereses generales", a juicio de Alaya. Al fijar la fianza de responsabilidad civil, que será solidaria entre los dos imputados, la juez tiene en cuenta el peligro que puede causar el retraso en la causa, el principio de proporcionalidad y los 16.931.573 euros que las empresas de los imputados percibieron directamente de los fondos públicos andaluces.

Entre las medidas cautelares, la juez les impone la obligación de personarse en el juzgado dos días al mes y la prohibición de que realicen "cualquier acto de comercio, incluida la disposición de cualquier activo financiero o efectivo, bien como administradores de cualquier tipo de sociedad, bien como miembros de cualquier órgano colegiado o de dirección". Ello para garantizar que "puedan colocarse en situación de insolvencia, además de ocultar las sociedades y patrimonios actuales", hasta que puede arbitrarse una "medida de mayor calado" tendente a garantizar el pago de las responsabilidades pecuniarias fijadas, como podría ser la administración judicial de sus empresas.

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