El juez que investiga la muerte de un cámara de Canal Sur Televisión de una paliza en la romería de Valme de Dos Hermanas ha ampliado la causa a dos nuevos imputados, dos cocheros de caballos acusados como coautor y encubridor de un crimen por el que ya hay cinco imputados.

El juez de instrucción 9, acuerda en un auto que la incoación de una causa ante un jurado popular se amplíe a estos dos nuevos imputados, Juan Manuel Z.F. y José Manuel L.M., y les cita el próximo lunes para una comparecencia en la que el fiscal, la acusación y sus defensores debe concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir nuevas pruebas.

El primer imputado conducía el coche utilizado por los supuestos autores de la paliza y el segundo está acusado de encubridor, y se unirán al principal acusado de la agresión, Francisco Javier A.S., de 37 años, su esposa, su hijo y otros dos presuntos encubridores.

Los incidentes ocurrieron el 17 de octubre de 2010 durante la romería de Valme, cuando el cámara Jesús Ruiz de Castro, que participaba en la procesión junto a su familia, fue recriminado por los ocupantes del carruaje de los imputados porque estaba orinando en la calle.

Según la Fiscalía, Ruiz de Castro se dirigió a la mujer y le recriminó que estuviera mirando, lo que dio lugar a una discusión entre el esposo y el cámara, que se aproximó al coche de caballos esgrimiendo una navaja.

El principal acusado le propinó entonces una patada en la cabeza, que le hizo caer al suelo, momento en el que la pareja se bajó del coche y, auxiliada por su hijo, que está imputado en la Fiscalía de Menores, siguió dándole patadas por todo el cuerpo hasta que lo dejaron abandonado y malherido.

Ruiz de Castro, de 49 años, falleció el 1 de noviembre de 2010 tras permanecer quince días en coma en el hospital Virgen del Rocío.

El principal imputado quedó libre el pasado 3 de marzo, tras un año y dos meses encarcelado y después de depositar una fianza de 100.000 euros, mientras que su esposa pasó siete meses encarcelada y quedó libre bajo fianza de 3.000 euros.

El abogado Julián Rabadán, que ejerce la acusación en nombre de la familia de la víctima, ha recurrido la libertad de Francisco Javier porque la condena que puede corresponderle alcanza los 25 años de cárcel y "los medios económicos elevados que posee" hacen pensar "lógica y razonablemente, que pueda plantearse la fuga del territorio nacional".

El letrado recoge los "amplios y graves antecedentes penales y policiales" del acusado, pues en el momento de producirse los hechos se encontraba en libertad vigilada cumpliendo una condena de nueve años y tres meses por tráfico de drogas, por lo que presenta una "conducta ilícita continuada" y existe "un evidente riesgo de reiteración delictiva".

A ello se une, indica Rabadán, que carece de trabajo lícito fijo y que al ser detenido se le imputó un presunto delito de homicidio, pero ahora está acusado de asesinato y encubrimiento.