La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para los ex directivos de Antonio Barbadillo S.A. Pascual Caputto y Manuel Valdecantos, ambos imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por las ayudas recibidas por la sociedad Matadero de la Sierra Morena y su filial Al Ballut Dehesas de Calidad, enclavadas en la Sierra Norte de Sevilla y en cuyo capital social había entrado Antonio Barbadillo.

Los dos encausados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez Mercedes Alaya les haya imputado tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido para los dos imputados una fianza civil solidaria de cuatro millones de euros, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.

Con anterioridad a las comparecencias, la magistrada ha comunicado a los abogados presentes que ha imputado también en la causa a Manuel Roble Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo, según el acta de las declaraciones consultado por Europa Press.

En un comunicado conjunto, los abogados de Caputto y Valdecantos han asegurado que "el cien por cien de las subvenciones recibidas se han aplicado a la finalidad para la que fueron concedidas, invirtiéndose en las sociedades beneficiarias de las mismas, a fin de generar empleo y actividad empresarial en una zona especialmente deprimida", añadiendo que "la inversión total realizada por Antonio Barbadillo en Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut es de 22 millones de euros, sin incluir las subvenciones recibidas".