El Ayuntamiento de Los Palacios está al borde de la quiebra técnica y necesita medidas "excepcionales" por parte de la Junta y la Diputación, dos administraciones que han sido conscientes y han consentido la gestión del anterior gobierno local socialista y que ahora deben dar la cara ante el municipio. Éste fue el mensaje que lanzó ayer el alcalde de Los Palacios (Izquierda y Progreso-Izquierda Unida), Juan Manuel Valle, basándose en los datos que su equipo ha reunido en estos tres meses y que han sido recogidos por los técnicos de la Diputación que ultiman un plan de saneamiento que condicionará toda la acción local, al menos, hasta 2024. El regidor recuerda que han sido estas administraciones las que han ido adelantando todo el dinero al Consistorio, sin pensar en el futuro, que han desatendido las advertencias que le hizo en su momento la oposición y que han consentido que llevara cinco años sin presentar sus cuentas.

Las cifras abruman, pero hay varias que dan una idea de la situación. El anterior gobierno consumió al completo dos de las tres vías de financiación que tiene el Ayuntamiento para todo el año (los ingresos de la Junta y los de la recaudación de impuestos del Opaef) sólo en pagar las nóminas, pero hasta el mes de mayo, el de las elecciones municipales. A esta "huida hacia delante" se destinó incluso el dinero de subvenciones finalistas que se están reclamando ahora al Consistorio, como el plan de rehabilitación de vivienda de la Junta, con 22 familias afectadas, el de la atención a personas con dependencia, que motivó la huelga del personal que presta el servicio este verano, las propias cuotas sindicales que se les retienen a sus trabajadores de las nóminas y que no llegan a su destino desde octubre de 2009, el dinero aportado por los propietarios de una junta de compensación o parte de lo destinado al bonobús para estudiantes.

El gasto en la plantilla (nóminas y seguros sociales) pasó a ser, según los datos que avanza Valle, de 1,1 millones de euros en enero de 2011 a 1,5 millones en los meses de abril, mayo y junio, con 810 personas contratadas. En julio, pasadas las elecciones y cumplidos buena parte de esos contratos temporales, la plantilla ya bajó a 473 personas. Estas contrataciones se hicieron a pesar, recuerda Valle, de que el Ayuntamiento ya tiene subcontratados con empresas privadas para servicios como el de la basura (30 trabajadores), limpieza de edificios (un centenar más), o de atención de dependientes (98 trabajadores) que también están teniendo problemas de cobro por las importantes deudas que el Consistorio arrastra con ellas. En el caso de la empresa Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa) el personal se multiplicó por cuatro, al pasar de 20 trabajadores de media a 82 en víspera de las elecciones que perdió el socialista Antonio Maestre.

Pero el regidor de IU asegura además que los datos contables "se han maquillado" durante años. Hay más de diez millones de euros contabilizados como activo pendiente de cobro, que se corresponden a tasas e impuestos de finales de los años 80 y principios de los 90, que están prescritos. Sólo con Cajasol, hay varios créditos cuyas letras no se pagan desde julio de 2009 y que han generado unos intereses de 457.000 euros. La conclusión de los técnicos de la Diputación es que el remanente de tesorería negativo supera los 23,9 millones de euros. Al margen de una deuda que supera los 70 millones de euros, aunque la cifra no está cerrada, porque a diario entran más facturas que no constaban. Muchos proveedores no presentan sus facturas desde enero. Conscientes del retraso en los pagos, prefieren esperar para no tener que abonar el IVA por adelantado. En Idelpa se deben 30 millones a proveedores.

El edil admite que, a día de hoy, no hay dinero para pagar la nómina del mes de septiembre, que probablemente se unirá a los retrasos que ya se acumulan de agosto. En estos momentos, hay una prioridad para garantizar los ingresos de los meses siguientes y no paralizar todo un municipio: afrontar el pago de la deuda con la Seguridad Social, que supera los 4 millones de euros. El anterior gobierno acordó un fraccionamiento que incumplió en el primer pago, se ha negociado otro, al que se debe hacer frente ahora, junto al pago de otros 419.000 euros de deuda inaplazable. Si no es así, el Estado impedirá la llegada al Consistorio de subvenciones.

Todas estas cuentas, junto al plan de saneamiento que pasa por seguir recortando la plantilla y revisar algunas tasas, serán presentados por los propios técnicos que lo han elaborado a todos los partidos políticos y a los sindicatos. Valle quiere también que la plantilla y el pueblo sea consciente de lo que hay. "Hasta final de año lo vamos a pasar muy mal, pero es mi responsabilidad salir al frente de la situación, tomar medidas", asevera el regidor, quien apela al sentido de la responsabilidad de la oposición y del pueblo.