El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, pidió ayer "disculpas" por los errores que la Junta haya podido cometer en el caso Iván y Sara y manifestó que el dinero para abonar la indemnización que el Tribunal Constitucional ha impuesto a la Junta por retirar irregularmente estos dos hijos a su madre "está consignado desde hace mucho tiempo".

El miércoles se conoció la desestimación por parte del Tribunal Constitucional de la demanda de la Junta de Andalucía contra el fallo que le condenó a pagar 1,7 millones de euros a Carmen Fernández por haberle retirado a sus hijos Iván y Sara, lo que supone la undécima victoria judicial de esta mujer, fallecida el 7 de diciembre. En rueda de prensa en Huelva, durante una visita al Hospital Infanta Elena, Chaves destacó que se acatará la sentencia e informó de que desde que hubo una última sentencia que establecía una cantidad a pagar por parte de la Junta "se consignó ante notario y se depositó el dinero".

"Si hemos podido cometer un error, pedimos disculpas", dijo Chaves, quien lamentó que este caso haya durado demasiado tiempo, "no sólo por responsabilidad de la Junta de Andalucía, sino también por los trámites jurídicos, pues ha habido incluso sentencias contradictorias". La de Chaves no fue la única voz de la Administración autonómica que ayer quiso reaccionar a la decisión del Constitutcional.

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró que el "análisis que hay que hacer" del caso de Iván y Sara es los 12 años que han pasado desde que se iniciara el proceso, que calificó como "una barbaridad". Navarro señaló a los periodistas en Jaén que no se arrepiente de haber recurrido el proceso ante el Tribunal Constitucional. "Era mi obligación porque los informes jurídicos que teníamos así lo decían y porque yo no estoy pagando con dinero mío, estoy pagando con dinero público", expuso Micaela Navarro.

La consejera insistió en que 12 años son "una barbaridad" y "en la vida de un niño una eternidad", pero la administración a veces tiene que estar tomando decisiones "en los tiempos judiciales". En este sentido, la responsable de los asuntos sociales en Andalucía recordó que fue la Fiscalía la que pidió a la Junta de Andalucía que se hiciera cargo de esos menores y que hay que preguntarse qué hubiera sido de esos niños si no se hubiera actuado entonces.

La consejera no quiso entrar a valorar las declaraciones del abogado de la fallecida Carmen Fernández, Gabriel Velamazán, que el miércoles atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a la Administración andaluza. Micaela Navarro dijo también que puede entender como madre "que la situación fuese muy dura".

Al margen de las declaraciones políticas, la abogada de los padres de acogida de Iván y Sara aseguró ayer que sus clientes también se vieron perjudicados por la tramitación del caso, pues "no pudieron lograr la adopción de unos niños que les dieron en acogimiento preadoptivo". La letrada María del Mar Arredondo dijo que los padres de acogida "no tienen ningún interés económico y no tienen nada que decir" sobre la parte de la indemnización que heredará el niño, que continúa viviendo con ellos.