Las resistencia de algunos gobiernos locales a facilitar a la oposición toda la documentación que solicitan lleva a que muchos casos terminen en el juzgado. Ayer, trascendieron dos sentencias que condenan a los gobiernos de Marchena y Constantina, del PSOE, por vulnerar los derechos fundamentales de concejales a los que no facilitaron datos sobre la gestión municipal que pidieron.

El primer fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Sevilla ordena a la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, a facilitar al PA la información que pidió sobre los pagos realizados a grupos políticos desde 2010, a lo que se negó al considerar que era "un exceso" y entraba "dentro de la esfera contable de los grupos". El Ayuntamiento debe pagar las costas del proceso judicial.

El mismo juzgado ha condenado al gobierno de Constantina por vulverar el derecho fundamental al acceso a la información del grupo Ciudadanos por Constantina, al que se denegó la petición de documentación alegando que prepararla obligaría a varios técnicos a desatender otras funciones. El grupo pidió todos los gastos por partidas de junio de 2015 a agosto de 2016; proyectos de obra de 2011 a 2016 y datos sobre un contrato, que se tendrán que aportar. El Consistorio también debe pagar las costas.