El Ayuntamiento de Espartinas, gobernado por Ciudadanos, insistió ayer en defender la legalidad de su plan parcial para expropiar terrenos a los propietarios de la finca El Escribano y ejecutar así los 200 metros lineales del viario que le faltan al municipio para tener una salida que enlace con la A-49 y la SE-40. El Consistorio asegura que ha acatado la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado noviembre al incorporar el estudio económico-financiero y de evaluación de la sostenibilidad económica que no tenía ese plan, por lo que considera que no tiene que tramitar de nuevo el plan parcial.

El Ayuntamiento de Espartinas señala que Ecologistas en Acción ya denunció el mismo asunto y la Justicia ha acabado archivando la demanda. La Fiscalía de la Audiencia de Sevilla ha archivado la denuncia de Ecologistas en Acción por entender que "no se aprecian indicios de posible delito de prevaricación" en el acuerdo plenario que aprobó ejecutar la sentencia del TSJA relativa al plan parcial de Aprocom, que se conoce ahora ahora con el nombre de Waterland. La Fiscalía ha considerado que "no encajan los hechos descritos en ningún tipo penal".

La Fiscalía no ve delito penal en el acuerdo del Pleno que decidió ejecutar la sentencia IU insiste en que la inseguridad jurídica del caso requiere negociar y alcanzar acuerdos

El Ayuntamiento entiende que la sentencia del TSJA que anuló el Plan Parcial Parque Terciario, Comercia y de Ocio Aprocom lo dejaba sin efecto sólo en lo referente al estudio económico financiero, según el informe elevado al Pleno por la Secretaría Municipal. Ésta detalló entonces que "la sentencia del TSJA desestimó todas las pretensiones de los demandantes" propietarios de los terrenos.

En la sentencia, en su fundamento de Derecho Quinto, se dice que "el estudio económico-financiero integrante del Plan recurrido no se ajusta a la normativa y jurisprudencia" y en el fundamento de Derecho Sexto que "este análisis o evaluación técnica de la sostenibilidad económica del Plan a ejecutar con el contenido exigido por la normativa a que acabamos de referirnos brilla por su ausencia en el documento impugnado".

En este sentido, siguiendo el informe de la Secretaría, el acuerdo plenario del 26 de enero acordó dejar sin efecto el acuerdo del 16 de marzo de 2015 sólo en lo referente al estudio económico financiero y aprobar el estudio económico financiero y la evaluación de sostenibilidad para dar cumplimiento a los fundamentos de dicha sentencia.

Desde la oposición municipal, Izquierda Unida se opone a las decisiones del equipo de gobierno municipal. Según IU, la sentencia del TSJA dice que "no está garantizada la viabilidad económica del desarrollo del sector urbanístico, que el expediente que se tramita con la Dirección General de Carreteras no está culminado y que dicho sistema viario transcurre por la propiedad de dos de los recurrentes". Y añade que, pese a ello, el alcalde accidental y su equipo de gobierno "no han ejecutado la sentencia y no han iniciado la redacción de un nuevo Plan Parcial para la zona, imprescindible su aprobación en Pleno si quieren seguir actuando en los terrenos afectados".

Por eso, desde IU se insiste en que hay una situación de inseguridad jurídica que requiere otras soluciones. "Ante esta inseguridad jurídica es conveniente sentarse, hablar, negociar e intentar llegar a acuerdos para evitar otro nuevo deterioro de las arcas municipales, la caja de toda la ciudadanía, con nuevos procesos judiciales". señala.

IU censura que el gobierno local vuelva a presentar una modificación de presupuestos, a unos presupuestos que no han sido aprobados por el actual Consistorio, ya que son los prorrogados del anterior equipo de gobierno. "Llevamos dos ejercicios sin Presupuestos en nuestro Ayuntamiento. Para una gestión transparente de los recursos es imprescindible la aprobación de los presupuestos para cada ejercicio y exigimos al alcalde accidental que cumpla el acuerdo de convocar un Pleno en el que se debatan los presupuestos para 2017".