El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha abierto dos expedientes sancionadores por ruidos contra un vecino por poner en su domicilio la música muy alta y otros aparatos "ruidosos" durante todo el día y que motivaron varias denuncias del propietario colindante.

No obstante, el Consistorio sólo ha intervenido después de que el afectado presentara una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, por la falta de respuesta de las autoridades municipales, tras presentar varias denuncias durante los años 2014 y 2015. Hasta entonces, la Policía Local se personaba en el domicilio a raíz de sus llamadas, pero los agentes le aseguraban que sólo podían realizar mediciones de ruido en locales de ocio, no en domicilios particulares, incluso cuando la ordenanza local de Policía, Buen Gobierno y Convivencia prohíbe expresamente "alterar el orden y la tranquilidad pública con riñas, escándalos, gritos o ruidos que excedan el límite de tolerancia permitido". Cuando el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, pidió explicaciones, el Consistorio defendió que sólo debía intervenir cuando los problemas de ruidos afectan a "colectividades", pero no cuando se trataba de roces entre dos particulares.

La conclusión de la oficina del Defensor del Pueblo fue totalmente distinta y, en una resolución emitida y notificada hace un año, determinaba que el Consistorio tenía el "deber legal" de ejercer sus competencias en esta materia de contaminación acústica, "incluidas las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos" cuando el ruido de éstos no se mantenga dentro de "los límites tolerables" que marca la ordenanza u otras leyes de referencia.

El afectado se dirigió a Maeztu porque se negaban a medir los ruidos en su vivienda

Así, instaba al equipo del alcalde Francisco Toscano (PSOE) a realizar la inspección que había solicitado de forma reiterada la persona que presentó la queja y que hasta entonces no había sido atendida y determinar así si, efectivamente, los ruidos generados por aparatados de "reproducción audiovisual" superan los niveles permitidos. Maeztu también recordaba al Consistorio que debía adaptar su ordenanza, que se aprobó y publicó en el año 1993, a la legislación posterior que se ha aprobado sobre materia de contaminación acústica.

A raíz de esta recomendación, el Defensor del Pueblo ha confirmado ahora que, efectivamente, la Policía Local de Dos Hermanas hizo las inspecciones oportunas en el domicilio y levantó las "oportunas actas de denuncia", que dieron lugar a sendos expedientes sancionadores. Además de su tramitación por esta vía, estos expedientes se entregaron al juzgado de guardia, donde el afectado había denunciado el caso. A raíz de ello, el expediente de la queja se ha archivado, según informa el Defensor.

En su última respuesta al Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Dos Hermanas también achaca los problemas a "deficiencias constructivas" del inmueble, que no aíslan de los ruidos, a tenor de las manifestaciones del denunciante y el denunciado durante las inspecciones y mediciones que -esta vez sí- realizaron los agentes de la Policía Local nazarena.