Provincia

Contabilizados en Arahal más de 500 chalés ilegales pendientes de regulación

  • El Consistorio ha "aconsejado" a los vecinos que se constituyan en comunidades de propietarios para designar a unos "interlocutores válidos" que encabecen el proceso de negociación con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Arahal ha contabilizado más de 500 chalés y construcciones ilegales en parcelas calificadas como no urbanizables, aunque espera acordar con las comunidades de propietarios la instalación de infraestructuras de energía, agua y saneamiento sufragados por los residentes.

Fuentes municipales han indicado hoy a Efe que el más de medio millar de construcciones irregulares se emplazan en las urbanizaciones de Los Claveles, La Jareta, San Francisco-La Matilla, Valle Verde, Santa Elo, Pago Redondo-Miraflores, Pago Redondo, Arenal Gordo, San Luis, La Trinidad o La Victoria.

También en El Recreo de la Lapa, La Banda, Reondón, La Jorobada, El Tío de las Barbas, Molinilla, Huerto de San Luis, El Mantequero, Olivares-Arenal Gordo, Llano Verde, Santo Cristo, Villa de los Caquis, El Saltillo y Mancorbo.

Tras este inventario, el Consistorio arahalense, con el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta, ha "aconsejado" a los vecinos que se constituyan en comunidades de propietarios para designar a unos "interlocutores válidos" que encabecen el proceso de negociación con el Ayuntamiento.

Del mismo modo, el área de Urbanismo ha solicitado a cada urbanización o comunidad información "exhaustiva" de la delimitación de cada finca y de todo lo edificado para "ajustar esta realidad física al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", diseñar la instalación de infraestructuras de energía, agua, gas o depuración y reclamar a cada agrupación de vecinos proyectos de "reparcelación y reurbanización" que "cumplan unos mínimos".

Toda esta documentación será entregada a la Junta para que autorice las modificaciones en el planeamiento urbano, "medida que supondrá el reconocimiento administrativo y legal de las construcciones", aunque la administración municipal ha advertido a los parcelistas y vecinos implicados en ese proceso que "tendrán que costear tanto la elaboración de estos proyectos de reurbanización como la instalación de los servicios públicos"

La regularización conlleva un procedimiento "largo y costoso" en el que el Ayuntamiento no está "dispuesto" a asumir los gastos de urbanización.

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