La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia contra los componentes de la anterior junta de gobierno local del Ayuntamiento (el ex alcalde, José López, y otros tres ediles de IU), por la "posible existencia de dos delitos de prevaricación" que, presuntamente, el grupo podría haber cometido cuando dio licencia de obras en 2005 para 64 viviendas, sin que estuviera aprobado el proyecto de reparcelación; y por permitir la participación "indebida" de una promotora, como agente urbanizador, en la Junta de Compensación del Plan Parcial AU-SAU-2, el mismo suelo objeto de la licencia.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, tiene fecha del 14 de enero, y hace referencia a unos hechos de los que el Ministerio Público tuvo conocimiento a través de un escrito presentado por los dos ediles del PSA, que el mandato pasado estaban en la oposición y, ahora, se han incorporado al gobierno con el PSOE.

En esencia, este documento resume los pasos que dio el Consistorio para dar licencia de obra e incorporar a la citada empresa como agente urbanizador, supuestamente, sin que los trámites administrativos legales que debían hacerse con anterioridad se hubieran completado. Los hechos afectan a ocho hectáreas de suelo situadas frente a Itálica. El Ayuntamiento es dueño de más del 50% y el resto se reparte entre varios propietarios. La parcela estaba calificada como urbanizable en las actuales normas subsidiarias. Las viviendas están, en la actualidad, casi terminadas, aunque su regularización está pendiente.

Según el escrito del PSA, en 2001 el Consistorio firmó un convenio con la promotora para que se incorporara a la actuación urbanística como agente urbanizador (la empresa o sujeto en el que la administración puede delegar la urbanización de un terreno y a la que se suele retribuir con parcelas edificables). El PSA mantiene que ya entonces la empresa comenzó a vender viviendas.

Según el mismo escrito que ha servido de base al fiscal, el Ayuntamiento firmó en 2004 otro convenio con la empresa, que se lleva a Comisión de Urbanismo, aunque no llegó a pasar por el Pleno. El PSA advirtió que se trataba de una "venta directa" de suelo municipal que no se estaba haciendo, en su opinión, por los cauces legales oportunos.

El proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de Compensación se aprobó inicialmente en 2004. A la convocatoria para ejercer de agente urbanizador se presentaron dos empresas: la promotora con la que el Ayuntamiento ya había negociado y otra, con el mismo domicilio social, pero en la reunión de la junta de compensación, se presentó sólo a la primera y como si fuera la única que pujó. Por otro lado, en mayo de 2005 se aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación por un decreto de Alcaldía. Poco después se dio licencia de obras a la empresa, a pesar de que el expediente de reparcelación no se aprueba definitivamente hasta más de un año después, según el escrito del PSA, y de que todavía no hay proyecto de urbanización para la zona.

Consultado al respecto, el actual portavoz de IU y uno de los miembros del gobierno que han sido citados a declarar, José Carbonell, reconoció la denuncia de la Fiscalía, pero apuntó que se ha producido para "aclarar" unos hechos sobre los que el nuevo gobierno socialista no ha remitido la documentación que ha sido requerida por el juzgado.

Asegura que ningún técnico municipal se pronunció en contra de la licencia y que el proyecto de reparcelación sí estaba aprobado por un decreto de Alcaldía, sobre el que, año y medio después, el registro de la propiedad planteó una modificación, que afecta a "cuestiones formales". Carbonell, que recordó que el desarrollo de esos suelos ha sido complejo porque albergan campos de fútbol y ha habido que hacer excavaciones, se mostró convencido de que la denuncia se archivará, afirmó que acudieron con la "conciencia tranquila" a declarar y que el caso se basa sólo en cuestiones formales y de trámite, no en el "urbanismo oscuro" que, en su opinión, el PSA quiso achacarles.