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Denunciadas cinco empresas aceiteras de Morón por vertidos ilegales

  • Según la Fiscalía de Medio Ambiente, los residuos vertidos al Guadaira de las sociedades imputadas multiplican por diez sus datos de producción

La Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado en el juzgado a los representantes legales de cinco empresas aceiteras de Morón de la Frontera (Sevilla), a los que imputa un delito ecológico por verter al río Guadaira sus desechos y aprovechar los días de lluvia para pasar desapercibidos.

La Fiscalía, en denuncias a las que ha tenido acceso Efe, analiza los "datos objetivos" de producción de las cinco empresas denunciadas, su consumo de agua y la capacidad de sus balsas de evaporación, que en ocasiones no llega ni al 10 por ciento del total de residuos que generan, y deduce que "el resto se vierte a aguas públicas".

Además, la Fiscalía expresa sus sospechas de que los vertidos ilegales al Guadaira "se evacúan haciéndolos coincidir con los días de lluvia, como sugiere el aumento de contaminación del río en esas fechas".

Las empresas denunciadas son la cooperativa Nuestro Padre Jesús de la Cañada, Ángel Camacho, Aceitunas Guadalquivir, Oleomorón y Castillo López, a las que la Fiscalía imputa un delito contra el medio ambiente por el que sus representantes legales se enfrentan a condenas de entre seis meses y cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para la profesión de aderezo.

Esta denuncia contra las empresas se une a la que la Fiscalía presentó la semana pasada contra el alcalde de Morón, Manuel Morilla (PP), y el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ramírez, por su "total inactividad" para evitar los vertidos de las empresas de aderezo al río Guadaira.

La Fiscalía investigó inicialmente a nueve empresas de la zona pero sólo ha denunciado a las cinco que respondieron con argumentos "endebles" al expediente, pues "aparentemente no tienen capacidad para evaporar todos los residuos generados" y a la vez "tienen acceso a evacuar a la red de saneamiento" público.

Esta denuncia tiene su origen en una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la Fiscalía en la que se daba cuenta de la "situación crítica del estado de la calidad de las aguas del río Guadaira", que estuvo acompañado de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Morón.

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