El portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha elevado a la Fiscalía una denuncia contra el alcalde de este municipio aljarafeño y secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, así como contra una empleada municipal representante de UGT, al considerar que ambos "han podido incurrir en sendos delitos tipificados en el Código Penal relacionados con la contratación administrativa". 

Alberto Mercado, en un comunicado, alude a un supuesto y "reiterado incumplimiento" de las normas de contratación en la Administración Pública en la selección de personal. Señala, en concreto, contrataciones "íntimamente ligadas al Partido Popular". "Se da la circunstancia de que hay personas que ocupan puestos sin que ostenten los títulos que se exigen o de empleados que han accedido a un puesto con un perfil a medida para luego ser contratados en otra dependencia municipal", ha declarado el andalucista en este comunicado. 

La generalidad de los contratos examinados, según Mercado, "adolecen de la publicidad que exige la legislación administrativa, además de realizar baremaciones distintas de los candidatos para desempeñar un mismo puesto de trabajo, adecuando los criterios al perfil de la persona" que, según los andalucistas, se contrataba. La representante del sindicato UGT, según Mercado, accedió en el año 1988 como secretaria particular del alcalde en aquel momento y, sin que conste la realización de pruebas o baremaciones de cualquier tipo, ni tampoco la publicidad pertinente, "ocupa hoy el puesto de archivera-bibliotecaria con una nómina superior a los tres mil quinientos euros atendiendo, según consta en una resolución del exiguo expediente por 'la voluntad del alcalde'". Se da la circunstancia de que la sindicalista ocupa una plaza de funcionario, siendo personal laboral, y que requiere ser Licenciado en Documentación, título que tampoco consta en el expediente.  

"Es imposible que una representante del sindicato UGT desconozca que para acceder a la Administración Pública son necesarios una serie de requisitos y que no es capricho del alcalde acceder a este puesto de trabajo. Dado que el Código Penal también castiga esta actitud por parte de quien tome posesión del puesto de trabajo, hemos acordado también actuar contra ella, porque entendemos que los contratos realizados en estos años han contado con el beneplácito interesado de ambos, alcalde y sindicato", afirma Mercado. 

En el caso de los afines al Partido Popular se encuentran "también baremos distintos" para similares puestos de trabajo ajustados a sus perfiles profesionales. Además, los puestos de trabajo ocupados "no existen en la Relación de Puestos de Trabajo" que aprueba anualmente el Consistorio, por lo que no pueden contar con dotación económica legal. Entre ellos destacan, según el PP, el de un ex dirigente del PP de Tomares "que ocupa una plaza de telefonista con una nómina de más de dos mil quinientos euros", cuyo requisito es acreditar la posesión de un Título de FP I o Bachiller, y que no acredita "más que la obtención del Graduado Escolar". También denuncia Mercado la iniciativa del dirigente popular andaluz y alcalde del municipio por contratar a la hermana de la alcaldesa de Bormujos (PP) con "un baremo ajustado a su perfil" y distinto de baremos practicados a otros candidatos aspirantes a puestos idénticos, "para después ser contratada en otra dependencia distinta de la que se valoró su formación y en la cual no hubiera podido acreditar ningún mérito y por tanto no hubiera logrado la puntuación para acceder". 

El portavoz Andalucista de Tomares cuenta con la "certeza" de que la Justicia "incoará la apertura de las oportunas diligencias ya que los contratos realizados carecen absolutamente de los procedimientos establecidos por la Ley, según afirma la misma". Mercado, a pesar de haber presentado "más de cincuenta documentos de prueba de las irregularidades cometidas", deja en el escrito presentado la puerta abierta a la presentación de algunos documentos probatorios más "que aún están pendientes de ser entregados por el Consistorio", aunque destaca "la enorme dificultad" que el vice-secretario general del Ayuntamiento de Tomares "ha mostrado a lo largo de la consulta de los expedientes municipales de los contratados".      

Para el portavoz del PA, "resulta asombroso ver al señor Sanz casi a diario en televisión, radio y prensa denunciando las irregularidades de la Junta de Andalucía, cuando la opacidad, el amiguismo y el enchufismo forman parte de su tarea diaria en el Ayuntamiento que gobierna. Si la alternativa a los señores de los ERE son las políticas del PP de Tomares, la juez Alaya va a tener trabajo para rato".