Llevan un año viviendo en menos de 40 metros cuadrados y ahora se quedan sin un techo bajo el que cobijarse. Ésta es la historia de Ramón Oliva y Felisa Estébanez, una pareja de hecho a la que el Ayuntamiento de La Rinconada precintó el pasado 20 de diciembre el local que habían convertido en su hogar: la sede social del equipo de fútbol de La Rinconada, donde regentan desde hace cuatro años la cafetería.

Esta pareja vivía hasta finales de 2010 en un piso del municipio que tuvieron que abandonar al no poder hacer frente al pago del alquiler (450 euros). Los ingresos que obtienen por la cafetería sólo les permiten sufragar los gastos de comida y la ropa de ambos más los de la hija de Felisa, de 28 años, y su nieta de tres. Ante tal situación decidieron convertir el lugar de trabajo en su vivienda, un inmueble de 40 metros cuadrados, donde durante el día se sirven desayunos y por la noche se convierte en un dormitorio improvisado. La hija y la nieta de Felisa se vieron obligadas a trasladarse a la casa del padre de la pequeña para evitar que la menor creciera en estas condiciones.

"No había otra solución. Yo estuve a punto de conseguir un trabajo en la ONCE, pero sufrí un infarto y perdí el empleo, por lo que sólo me queda la cafetería", argumenta Oliva. En julio esta familia recibió una notificación del Ayuntamiento donde se les instaba a cambiar la licencia otorgada para el establecimiento como sede social y conseguir el permiso para continuar como cafetería. Oliva alegó y manifestó que seguiría como tal, ya que durante estos cuatro años ha estado pagando impuestos por veladores y actividad hostelera sin que la administración local se lo prohibiera.

El Ayuntamiento dio entonces la callada por respuesta. Un silencio que se interrumpió el 16 de diciembre, cuando en una segunda notificación les instaba a "poner los papeles en regla" en 15 días. Dicha misiva, no obstante, venía firmada por el secretario municipal el 20 de octubre, aunque no se entregó hasta casi dos meses después. La sorpresa se produjo el 20 de diciembre tras regresar el matrimonio de comprar el pan: la Policía precintó el local.

Inmediatamente Oliva se personó en el Ayuntamiento para hablar con el alcade, Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien -según esta familia- les recordó que el local era propiedad municipal y que debían abandonarlo. Tras consultar con un abogado y comprobar que no existe una orden judicial de desalojo, han vuelto al bar (donde la Policía ya retiró el precinto), aunque temen que en cualquier momento los pongan en la calle. "Hemos pasado la Nochebuena en casa de nuestra amiga Montserrat Jiménez, pero no sabemos dónde vamos a recibir el Año Nuevo", apostilla Oliva.