Ha tenido que pasar más de una década para que todos los partidos, incluido el PSOE que gobierna en Huévar, reconozcan que la situación de ese Ayuntamiento es crítica. Su deuda supera los 20 millones y 12 son con la Seguridad Social, pese a tener sólo 2.800 habitantes. "Está en la UVI, con oxígeno", admitió este jueves Trinidad Argota, portavoz del gobierno de la Diputación, que -con los trabajadores en la puerta, protestando por el impago de nóminas- aprobó por unanimidad en el Pleno una moción para pedir un "plan extraordinario" de financiación "ad hoc" para Huévar. Según adelantó el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, por mensaje -no asistió al Pleno por motivos personales-, el Opaef podría adelantar fondos previo acuerdo de todas administraciones. Lo demás, como los FEAR que adelanta a los pueblos, son "parches".

La propuesta de rescate era una moción conjunta presentada por la oposición, a petición de la plantilla. El PSOE, que lamentó que no se le invitara a sumarse antes por interés "partidista", la apoyó pero añadió otro punto, que pone el acento en que es el Gobierno central el que puede hacer algo. Como hizo con Marbella, en la primera etapa de Ángeles Muñoz, o con el Ayuntamiento de Jerez con la alcaldesa María José García Pelayo, reclama que se permita a Huévar pagar a "muy largo plazo" una deuda inasumible y con consecuencias, previsibles pero dramáticas ya. Hay retrasos en el pago de nóminas desde 2009 y los trabajadores han agotado ahorros y familiares a los que pedir. Tienen riesgo de cortes de suministros, intereses y ansiedad. Los servicios públicos se deterioran, aunque, como recordó la diputada María Eugenia Moreno, portavoz del PP en Huévar, del plan de ajuste sí se ejecutó la subida de impuestos.

Los 2 millones de ingresos propios vía impuestos son los únicos con los que cuenta Huévar: el Estado y la Junta le retienen el resto, sin que haya sabido llegar acuerdos para pagar poco a poco ni se haya acogido a los Fondos de Ordenación del Estado. Es de los pocos municipios en los que la deuda ha seguido aumentando. Moreno destacó que los responsables "tienen nombre y apellidos": Rafael Moreno, alcalde hasta 2015, nombrado director de Políticas Activas de Empleo de la Junta, y la actual regidora Áurea María Borrego, su número dos. Ésta asistió al Pleno, pero no hizo declaraciones y se remitió a lo que ya ha dicho: que están buscando fondos para pagar nóminas y afrontar un ERE, que se anuncia desde hace mucho. El personal -que hasta ahora tampoco se había movilizado de forma contundente- asume que es casi lo menos malo que puede pasarles.

En 2017 la previsión de gastos del personal era de 1,4 millones y el gasto real superó los 2,4, recordó la diputada del PP, que advirtió que la plantilla se ha reducido, pero se sigue contratando de forma dudosa. Ni siquiera el comité de empresa tiene todos los datos. El 90% de las contrataciones han sido sin oferta pública y sin expedientes de contratación, añadió Moreno citando a la Intervención.

El resto de grupos también calificó de dramática la situación y responsabilizó a la mala gestión, que los vecinos pagarán durante décadas. "Barbate, Jerez o Marbella han tenido tratamientos individualizados", recordó Julián Moreno, de Participa. "Las normas austericidas no han servido para solucionar el problema, no vale todo para todos". Javier Millán de C's lamentó las circunstancias del personal por una "gestión clientelar y caciquil". "Los diferentes gobiernos no han sabido buscar soluciones, vamos muy tarde", dijo, y censuró que el PSOE, "premiara" al ex alcalde con un cargo. Argota citó también que habría otros pueblos de Sevilla, como Almensilla o Montellano, que requerirían de una solución o "herramienta extraordinaria" para salir adelante.