La empresa Emerita, perdedora del concurso de la mina de Aznalcóllar, ha solicitado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que acuerde la "paralización cautelar" de los trabajos que se realizan en la mina de Aznalcóllar y que se amplíen las imputaciones a la actual viceconsejera de Empleo -antes directora general de Minas-, María José Asensio, y al resto de técnicos y funcionarios que ya figuran como investigados en la causa con otros cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.

En un escrito presentado en el juzgado en respuesta a la petición realizada por la juez, Emerita reclama la "paralización cautelar" de los trabajos que se estén realizando en los recursos mineros de Aznalcóllar, y la "suspensión cautelar" de las resoluciones y procedimientos administrativos de los que estos trabajos derivan, especialmente de la resolución de 25 de febrero de 2015 de la dirección general de Industria, Energía y Minas por la que se adjudica el concurso a Minorbis-Grupo México, así como la posterior aceptación de Minera Los Frailes y la resolución de la consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza la exploración de la reserva por Minera Los Frailes de 3 de junio de 2016.

Los denunciantes señalan que una vez acreditada "al menos indiciariamente" la irregularidad del procedimiento, la realización de trabajos e inversiones en dichos recursos "sólo agravan la situación y causan un grave daño no sólo a esta parte, sino a los actuales explotadores de los recursos (que pueden ver sus inversiones perderse por una resolución judicial futura) y especialmente a los intereses generales, por las posibles indemnizaciones que puedan derivarse".

La denunciante añade que de probarse la ilegitimidad de la adjudicación a Grupo México-Minorbis, "estaríamos con que se está realizando un proyecto defectuoso que puede acarrear graves daños al medio ambiente y a la salud de las personas".

Emerita solicita además que sean citados a declarar como investigados los otros seis miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación, como ya planteó la propia instructora después de que la Audiencia de Sevilla ordenase reabrir la investigación en relación con la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. A estos seis técnicos, Emerita solicita que se les cite en calidad de investigados por un delito de prevaricación y por los otros cuatro mencionados que también atribuye a los anteriores imputados.

Además, el abogado de la compañía pide que en el caso de varios investigados, entre ellos la actual viceconsejera de Empleo, María José Asensio, se amplíe su imputación por delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio, y de la misma forma solicita que sean citados como imputados por cinco delitos -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal- los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes de Minorbis. Emerita destaca que ambos empresarios eran "conscientes de que el procedimiento de adjudicación de los recursos mineros no iba a ser limpio".