El comité de empresa de Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad gestora del mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera, celebra una ronda de contactos con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, y la Subdelegación del Gobierno, mientras este martes se celebrará una asamblea de trabajadores para debatir un nuevas protestas en defensa de la plantilla española de estas instalaciones militares. Y es que la plantilla española ha sufrido dos expedientes de regulación de empleo (ERE) en los últimos años, toda vez que en abril de 2013, Estados Unidos amplió su contingente con el despliegue de 500 marines, seis aviones polivalentes V-22 y dos aviones del conocido modelo Hércules, y ahora prevé ampliar nuevamente su despliegue militar. 

Fuentes del comité de empresa han informado que los representantes de la plantilla española de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, han reanudado la actividad este lunes con sendas visitas a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y a la Subdelegación del Gobierno. Ya el martes, el conjunto de trabajadores está convocado a una asamblea general programada para las 12:30 horas en la propia base, al objeto de debatir y someter a votación el nuevo calendario de movilizaciones. 

Todo ello para defender a la plantilla española de la base aérea y reclamar que el nuevo despliegue de Estados Unidos implique la reincorporación de los 66 trabajadores despedidos a través del expediente de regulación de empleo consumado en septiembre de 2013 por Vinnell-Brown & Root Spain. El 19 de febrero, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acogerá el juicio relativo a la demanda colectiva promovida por los trabajadores contra estos 66 despidos formalizados con indemnizaciones de 20 días de salario por año de servicio, el mínimo estipulado por la legislación laboral.

Aunque VBR alegaba razones "productivas" para estos nuevos despidos, que sucedían al ERE ya consumado en 2010 con la extinción de 119 puestos de empleo, el comité de empresa esgrimía que la plantilla española de la base había efectuado más de 3.000 horas extraordinarias en el primer semestre de 2013, con un incremento global de la carga de trabajo del 30 por ciento, sobre todo en trabajos de pista y comidas. 

Después de que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos adjudicasen a Vinnell-Brown ant Root Spain la gestión de los servicios de mantenimiento de estas instalaciones militares, esta empresa estadounidense emprendió en 2010 un expediente de regulación de empleo "por causas organizativas" para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a los servicios de mantenimiento.

Durante la negociación del expediente de regulación de empleo, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla. 

Ya en 2013, sonaban de nuevo las alarmas en la plantilla de los servicios civiles de la base a cuenta de una publicación colgada en el portal digital www.fbo.gov, una suerte de perfil del contratante de la administración estadounidense. Y es que, según el comité de empresa de la base de Morón de la Frontera, en esta página web fue publicada eventualmente una relación de 144 empleados de estas instalaciones, con nombres y apellidos, cuyos puestos de trabajo serían susceptibles de desaparecer en el nuevo contrato de explotación que, a finales de 2014, habrá de licitar y adjudicar la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la gestión de estos servicios de mantenimiento. 

Para el comité de empresa, el ERE de septiembre de 2013 respondería a un intento de acometer los despidos inicialmente planeados para el ERE de 2010 pero finalmente no consumados, al objeto de aproximar el adelgazamiento de la plantilla al espíritu inicial de la reestructuración laboral de 2010. Y es que aquel ERE fue inicialmente ideado para despedir a 286 trabajadores pero, como se ha informado, finalmente fueron 119 los empleados despidos.