La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha presentado una nueva denuncia en los juzgados contra el alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), al que atribuye presuntamente un delito ecológico por los vertidos de aguas residuales al río Rivera de Huelva, donde a finales del año pasado se produjo una mortandad de peces.

La denuncia del Ministerio Público, que se dirige además contra un ingeniero-técnico municipal, considera que el regidor puede ser responsable de las "irregularidades" detectadas por su "pasividad manifiesta" en el control de los vertidos, ya que el Ayuntamiento estableció un "vertedero incontrolado" de más de dos hectáreas a tan sólo 60 metros del cauce, en una zona inundable. La Fiscalía entiende que el Consistorio actuó "sin adoptar acondicionamiento alguno que restringiera el paso o el control de lo que se vertía, con el consiguiente peligro de contaminación de las aguas".

La Delegación de Medio Ambiente abrió un expediente y ordenó la paralización de los vertidos, la limpieza de la zona y el precinto, pero éste "fue eliminado en agosto de 1999 y desmontados los carteles indicadores de la clausura, manteniéndose la actividad hasta día de hoy". La Fiscalía recoge que esta situación se agrava por la existencia de empresas de tratamiento de áridos, algunas de las cuales carecen de autorización, y sin que se ejerza un control sobre las mismas.

La unión de todos estos factores originó una mortandad de peces en el tramo del río que va del vertedero de Guillena hasta la zona donde se encuentran las explotaciones mineras. El fiscal pide al juzgado que abra una investigación y tome declaración al alcalde y al arquitecto-técnico, además de recabar informes sobre los posibles daños en las aguas del río.

El alcalde de Guillena restó ayer importancia a la denuncia del Ministerio Público, al asegurar que como la localidad carece de depuradora y se vierten directamente al río las aguas residuales procedentes del sistema de alcantarillado. La contaminación producida "es la de todos los años cuando se producen las primeras lluvias, no hay un vertido extraño ni nuevo", sentenció. El alcalde recordó que la localidad paga un canon anual de 30.000 euros por los vertidos e insistió en que mientras no se construya la depuradora "tendrán que seguir vertiendo como en otros ayuntamientos de toda España".