La Fiscalía se ha opuesto hoy al cuarto y último recurso de los cinco acusados en el "caso Camas" por el soborno a una concejal y ha dicho que las pruebas que piden solo intentan "confundir los hechos" y que la supuesta "trama-trampa" que denuncian, urdida por el PSOE, "no tiene donde agarrarse".

En la vista de los recursos que ha celebrado la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el fiscal Arcadio Martínez ha dicho que las nuevas pruebas que piden son "caminos inútiles por los que no debe entrar el juez, porque llevan confusión a los hechos".

Lo único cierto es que los acusados "quisieron comprar la voluntad de una concejal" y que, de lo investigado desde 2006, no se deduce "ningún indicio de participación del PSOE" en una "línea de defensa que no tiene dónde agarrarse y lo único que hace es confundir el objeto del juicio", ha dicho el fiscal.

Los abogados de los cinco acusados, entre ellos el ex alcalde de Camas (Sevilla) Agustín Pavón (IU), han insistido en que el llamado "caso Camas" fue una "trama-trampa" de inducción a un delito de soborno urdida por Antonio Rivas (PSOE), ex alcalde de la localidad y actual delegado provincial de Empleo de la Junta.

Por ello, insistieron en la necesidad de que el juez instructor ordene un careo entre la ex concejala del PP Inmaculada Larrinaga y Rivas, quien según su declaración le ofreció "solucionar su vida" a cambio de su apoyo político en una moción de censura contra Pavón en enero de 2005.

También han pedido que se realice otra prueba negada por el juez instructor, consistente en la declaración de un testigo identificado como A.C.V., que presuntamente estuvo en una reunión en la que otros dos empresarios manifestaron que Rivas estaba detrás de las negociaciones para desbancar a Pavón.

Los imputados en este caso son, junto a Pavón, los ex concejales del PP Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, el ex concejal del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, para los que el fiscal ha pedido ya un año y medio de cárcel por entregar 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo para comprar su voto en un pleno municipal.

El abogado de Pavón, José María Calero, ha negado en su intervención que estos recursos tengan un afán dilatorio del procedimiento y se ha referido a la anulación de las escuchas telefónicas, decidida por la Audiencia en mayo pasado, para afirmar que "ha valido la pena el tiempo transcurrido".

José Manuel García Quílez, letrado de Gaviño, ha asegurado que el careo de Rivas y Larrinaga "no es una prueba impertinente sino que demostrará la trama-trampa urdida por el PSOE" y la "existencia de un control político de la situación por parte de Rivas", que incluso antes de que estallara el caso conocía los "pinchazos" telefónicos y la inminentes detención de los imputados.

Pedro Pérez Montero, defensor de los ex concejales del PP, ha insistido en la necesidad de que "se investigue a fondo una denuncia que fue tergiversada y manipulada" para "aclarar la verdad" y no dejar en indefensión a los acusados.