Medio Ambiente

La Fiscalía reclama cuatro años y medio de cárcel por extracciones ilegales a un acuífero de Doñana

  • La finca tenía una docena de expedientes sancionadores y los dueños han incumplido “de forma reiterada y consciente” las limitaciones impuestas para la detracción de agua para riego

Un grupo de control para regadíos en una explotación agrícola de Doñana, en una imagen de archivo. Un grupo de control para regadíos en una explotación agrícola de Doñana, en una imagen de archivo.

Un grupo de control para regadíos en una explotación agrícola de Doñana, en una imagen de archivo. / josué correa

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La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha solicitado una condena de cuatro años y medio de cárcel para cinco hermanos, propietarios de una finca de Aznalcázar (Sevilla), a los que atribuye delitos contra el Medio Ambiente y de daños por haber realizado extracciones ilegales de aguas del acuífero Almonte-Marismas que alimenta el Parque Nacional de Doñana durante los años 2008 y 2013. El Ministerio Público reclama además para cada acusado el pago de una multa de 18.000 euros y casi dos millones de euros (1.967.617,95 euros) en concepto de indemnización por los daños causados al dominio público hidráulico.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los cinco acusados, propietarios de la finca dedicada a cultivos rotatorios de algodón y arroz, tenían concedida una autorización de riego en la zona al Norte del Caño Guadiamar, pero esa autorización condicionaba la detracción de agua y riego a unos volúmenes máximo anuales -3.481.600 metros cúbicos de agua-, a una zona concreta –la norte- y a un máximo de pozos, condicionantes “en todo caso necesarios, debido a que la finca se asienta” sobre este acuífero de Doñana.

La Fiscalía considera que los procesados “han incumplido de forma reiterada y consciente las limitaciones impuestas por la Administración, detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados con el consiguiente riesgo para el ecosistema y trasvasando agua de la zona norte a la sur, para lo cual tenían instalada una tubería de grandes dimensiones”. Sólo en el año 2008, fueron extraídos entre 7,4 y 8,3 millones de metros cúbicos, lo que supone un exceso de entre 3,9  y 4,8 millones de metros cúbicos.

La finca fue objeto de una docena de expedientes sancionadores, finalizados todos con sanciones confirmadas que, sin embargo, “no han producido efecto regresivo alguna en la conducta ilegal de los acusados”.

El fiscal recuerda en su escrito que el Parque Nacional de Doñana es reserva de la Biosfera desde 1980 y Patrimonio de la Humanidad desde 1994, y recuerda que el acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas reconoció la “vulnerabilidad de las aves migratorias que utilizan ese espacio natural”, y añade que tanto el parque nacional como el natural son Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), forman parte de la Red Natura 2000 y se encuentran incluidos como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) conforme a otra directiva europea.

El exceso anual de agua detraído ha rondado todos los años, “por arriba o por abajo, cantidad idéntica a la autorizada, duplicando con ello los volúmenes permitidos y superando significativamente las necesidades de los cultivos explotados, circunstancia que debe ser analizara unida al hecho de que la reutilización de agua no es posible en este caso dados los periodos de crecimiento de las especies declaradas”.

El servicio de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) advirtió en los informes piezométricos anuales de los años 2008 a 2013 de que “a pesar de las lluvias, el descenso de los niveles alertaba de una situación de gran preocupación que exigía la intensificación de la vigilancia de las explotaciones ilegales, cuyo control se configuraba como medida fundamental para lograr una gestión sostenible del acuífero”, precisa el escrito del Ministerio Público.

Para la Fiscalía, esto es de la “máxima” importancia, puesto que “al descarga las aguas subterráneas en cauces, caños, humedales, praderas de especies freatófitas y en la marisma a través de la zona de contacto, constituyen la principal fuente de aportación de recurso para el mantenimiento de los hábitats, protegidos, siendo muchas las especies estrechamente ligadas al medio acuáticos”.

El juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor acordó en enero de 2015 una serie de medidas cautelares sobre la finca investigada, que incluía el sellado de la tubería general que conducía las aguas de la zona norte del caño Guadiamar a la zona sur de la finca, el sellado de un pozo ilegal que había en la zona norte, y la colocación de contadores en los ocho pozos autorizados y que actuaban sin el debido control reglamentario, por lo que también se acordó la supervisión bimensual de dichos contadores.

Además de las penas de cárcel y la indemnización, la Fiscalía reclama, como medida de restauración de la legalidad, la “eliminación a costa de los acusados” de la tubería general que conduce las aguas de la zona norte a la sur de la finca, y la eliminación del pozo ilegal de la zona norte.

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