La Fiscalía de Sevilla ha decidido no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 que condenó a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, por haber otorgado en 2006 a un compañero de partido una licencia para que ampliara una granja de engorde de pavos. La sentencia puso de manifiesto que esa licencia se concedió de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.

Fuentes de la Fiscalía informaron de que, aunque en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, la sentencia "es sustancialmente conforme" con lo defendido por el Ministerio Público, ya que impone "la condena a inhabilitación" y "acepta literalmente los hechos de la acusación", por lo que ha decidido no recurrir el fallo.

La sentencia constató que en este caso "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista".