La Fiscalía de Seguridad Vial de Sevilla recurrirá la sentencia que ha condenado a dos años y seis meses de prisión al torero José Ortega Cano por el accidente mortal en el que falleció Carlos Parra, con la finalidad de que la Audiencia de Sevilla dé por válida la prueba de alcoholemia que arrojó una tasa de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre y que la juez descartó al considerar que se rompió la cadena de custodia.

El fiscal de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, ha asegurado a este periódico que esta prueba es válida y en la conservación de la muestra de sangre en el Hospital Virgen Macarena "no se rompió la cadena de custodia".

El representante del Ministerio Público explicó que la juez Sagrario Romero, que enjuició al torero, debió de haber admitido los testigos que propuso la Fiscalía en el juicio para despejar cualquier duda, en relación al sanitario que realizó la extracción de sangre a Ortega Cano a su llegada al hospital y la del celador que trasladó la muestra hasta el servicio de Hematología, donde quedó custodiada hasta que fue requerida por el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla para hacer el test de alcoholemia. "En Toxicología no hay problema con la cadena de custodia, ni en el laboratorio de Hematología tampoco", insistió el fiscal, que apuntó que la juez debió admitir la declaración de estos testigos. 

Durante la celebración de la vista oral, la juez rechazó la comparecencia de estos testigos al considerar que habían sido propuestos de forma extemporánea, dado que esa declaración tendría que haberse solicitado al inicio del juicio para no causar indefensión a las otras partes personadas. La muestra permaneció en el hospital Macarena desde la madrugada del 29 de mayo de 2011, cuando se procedió a la extracción hasta el 12 de junio, cuando se procedió a su traslado desde el servicio de Hematología hasta la sede del Instituto Nacional de Toxicología para su análisis y determinación de la tasa de alcohol. Para la juez, "no estuvo preservada legalmente la cadena de custodia para dar acreditada razonablemente la fiabilidad de la muestra sanguínea que sirvió para determinar el nivel de alcoholemia". 

La juez llegó a la conclusión de que el alcohol no fue la causa determinante del accidente, que en su opinión se debió a una conjunción entre el exceso de velocidad del vehículo y una posible somnolencia o una "desatención" por parte del torero a la hora de conducir. 

El fiscal de Seguridad Vial se reunió este jueves con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, para analizar la sentencia que condenó al torero por dos de los tres delitos que le imputaba la Fiscalía de Sevilla, puesto que al rechazar la prueba de alcoholemia, la juez absolvió a Ortega Cano de uno de los delitos contra la seguridad vial que se le imputaba precisamente por conducir bajo los efectos del alcohol. La sentencia también fue remitida al fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que también ha dado el visto bueno para la presentación del recurso ante la Audiencia de Sevilla. 

La Fiscalía hispalense pedirá en la apelación de la sentencia que se imponga al torero la condena de cuatro años de prisión que se solicitó igualmente en el escrito de acusación con el que el Ministerio Público acudió al juicio y en el que se imputan al torero dos delitos contra la seguridad vial -por conducir de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol- y un delito de homicidio por imprudencia. 

La Fiscalía de Seguridad Vial no está conforme con la decisión de la juez respecto a la alcoholemia ni tampoco con la valoración que se hace de las declaraciones de los testigos que, en el acto del juicio, sostuvieron que habían visto al torero consumiendo alcohol o tambaleándose, y sobre todo con el testimonio de la mujer que aseguró que el dueño del hotel La Alquería de Burguillos le había comentado al día siguiente del accidente que el matador llevaba "una cogorza como una mula". 

Casi todas las partes van a recurrir la sentencia, ya que así lo han anunciado los abogados del torero y de los familiares de Carlos Parra, y es probable que también lo hagan las compañías aseguradoras, que deben asumir el pago de la indemnización al haberse excluido la alcoholemia de la condena.