La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la suspensión cautelar de los trabajos que se realizan en la mina de Aznalcóllar, a pesar de la reapertura de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público a Grupo México-Minorbis tras la denuncia presentada por la empresa perdedora, Emerita Resources.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado que la teniente fiscal de Sevilla, María Dolores Villalonga, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en el que responde a la petición realizada por la instructora, Patricia Fernández, para que el Ministerio Público y las demás partes se pronunciaran sobre la petición de Emerita Resources de que se suspendan cautelarmente los trabajos que se realizan actualmente en las instalaciones.

La juez había postergado ya su decisión sobre la imputación del resto de los miembros de la mesa de contratación y la posibilidad de acordar nuevas citaciones de investigados al resultado del informe sobre el concurso que ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una providencia, la juez de Instrucción número 3 de acordó expresamente dar traslado a la Fiscalía de Sevilla y a las demás partes personadas de la petición de Emerita sobre la “inmediata paralización” de cualquier trabajo que se esté realizando en la mina de Aznalcóllar y los recursos mineros objeto del concurso público.

La magistrada hacía constar a las partes que aún está pendiente de cumplimentar la solicitud efectuada entre otros extremos a la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Junta para que informe al juzgado del “estado y circunstancias concretas en las que se encuentren actualmente las actividades de exploración” en caso de haberse iniciado. La instructora añadía con respecto a la posible suspensión cautelar que ya consta un pronunciamiento de este juzgado en un auto dictado el 10 agosto de 2015 –en el que la juez se opuso a la medida al apuntar literalmente que “no se observan motivos para entrar a pronunciarnos sobre la suspensión"-, si bien la magistrada admite ahora que “se ha podido operar un cambio en las circunstancias”.

En la misma providencia, se dejaba en suspenso la posibilidad de tomar declaración a los otros seis miembros de la comisión técnica de la mesa de contratación, así como la de ampliar la imputación realizada a los actualmente investigados –entre ellos la viceconsejera de Empleo, María José Asensio-, y que se cite como investigado al ex secretario general técnico de la Consejería Vicente Fernández, o para imputar por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de Minorbis.

Sobre todas estas imputaciones, la juez señaló que deben quedar pendientes de la “elaboración del informe de investigación encomendado a la UCO en el auto del 31 de octubre pasado y con el estudio y examen del mismo se acordará lo procedente”.

La empresa Emerita había pedido a la juez la “inmediata” paralización cautelar de los trabajos que se estén realizando en los recursos mineros de Aznalcóllar, y la “suspensión cautelar” de las resoluciones y procedimientos administrativos de los que estos trabajos derivan, especialmente de la resolución de 25 de febrero de 2015 de la dirección general de Industria, Energía y Minas por la que se adjudica el concurso a Minorbis-Grupo México, así como la posterior aceptación de Minera Los Frailes y la resolución de la consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza la exploración de la reserva por Minera Los Frailes de 3 de junio de 2016.

La denunciantes señalaban que una vez acreditada “al menos indiciariamente” la irregularidad del procedimiento, la realización de trabajos e inversiones en dichos recursos “sólo agravan la situación y causan un grave daño no sólo a esta parte, sino a los actuales explotadores de los recursos (que pueden ver sus inversiones perderse por una resolución judicial futura) y especialmente a los intereses generales, por las posibles indemnizaciones que puedan derivarse”, precisa.

La denunciante añadía que de probarse la ilegitimidad de la adjudicación a Grupo México-Minorbis, “estaríamos con que se está realizando un proyecto defectuoso que puede acarrear graves daños al Medio Ambiente y a la salud de las personas”, y concluía que la más elementa consideración de “prudencia” les lleva a estimar que “tanto por los posibles daños económicos a las partes y al erario público, como por el riesgo que se corre, debe decidirse la paralización cautelar de cualquier operación, que más allá del necesario mantenimiento de la salvaguarda de la seguridad, se lleve a cabo en los recursos mineros objeto del concurso”.

Emerita solicitaba además que fueran citados a declarar como investigados los otros seis miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación, como ya planteó la propia instructora después de que la Audiencia de Sevilla ordenase reabrir la investigación en relación con la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Decía el abogado de Emerita, Ramón Escudero, que si de las “decisiones injustas o contrarias a Derecho tomadas por la comisión técnica de la mesa de contratación, serían responsables todos sus integrantes, y por ello todos serían autores de los delitos cometidos”, añadiendo que se trata de un delito de prevaricación “achacable a todos los miembros de la comisión técnica”, dado que las decisiones se tomaron por unanimidad y por tanto el delito “surge de un concurso de voluntades en el que intervinieron todos sus integrantes.

A estos seis técnicos, Emerita solicitaba que se les cite en calidad de investigados por un delito de prevaricación y por los otros cuatro mencionados que también atribuye a los anteriores imputados.