La Fiscalía ha pedido al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra que envíe al Tribunal Supremo la investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM), al estimar que de las actuaciones de instrucción que se han llevado a cabo hasta el momento se desprenden "indicios más que poderosos para entender la implicación" en la realización de los hechos del alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, que goza de aforamiento por su condición de diputado del PSOE.

En un escrito presentado al juez, el fiscal Arturo Nicás señala que no es éste el "momento procesal adecuado" para indicar cuáles son esos indicios contra el regidor, ya que únicamente basta ahora "con señalar las conclusiones palmarias" a las que alcanza la Guardia Civil en el último informe del 18 de noviembre de 2015, en el que los investigadores dicen que "se ha puesto claramente de manifiesto y sin ningún género de duda la directa responsabilidad en los hechos investigados del alcalde".

El fiscal añade que la existencia de estos indicios y que los mismos apunten a la "responsabilidad del señor Gutiérrez Limones" impiden que el juzgado pueda llevar a cabo "ninguna otra actuación de instrucción, pues ello supondría conculcar los preceptos legales y constitucionales" debido a su aforamiento, y podría dar lugar a "eventuales nulidades en caso de seguir adelante las actuaciones en la sede de este juzgado de Instrucción".

Recuerda el representante del Ministerio Público que la remisión de la causa al Alto Tribunal "no sólo es una exigencia de índole legal, sino que además con ello se pretende rodear de las máximas garantías la investigación de los hechos en los que resulte implicado una persona aforada, como es el caso", insiste, que solicita que se remita la causa a la Sala de lo Penal del Supremo.

La Fiscalía considera además que el Alto Tribunal debe asumir el conocimiento "íntegro de la causa y respecto a todos los investigados", en virtud de los principios de celeridad, economía procesal y unidad de actuación, así como para evitar pronunciamientos contradictorios. "El conocimiento exhaustivo de los hechos exige la valoración conjunta y unitaria del proceder de todos los investigados en el desarrollo del plan urdido para la comisión del presunto ilícito que se investiga", asevera el escrito.

Gutiérrez Limones sigue siendo el alcalde de Alcalá porque el PSOE lleva varios meses sin haber resuelto su relevo, que no acaba de materializarse. En el probable caso de que las elecciones generales tengan que volver a repetirse en junio porque los grupos políticos no lleguen a un acuerdo para desbloquear la actual situación, Gutiérrez Limones perdería la condición de aforado y en este contexto resultaría más difícil que repitiera en la candidatura socialista al Congreso, en las que aparecía como número tres por Sevilla en las listas para las elecciones del 20-D.

El juez Javier Francisco Alba Figuero, que investiga el caso ACM, acordó en enero pasado solicitar la acreditación de la condición de diputado de Gutiérrez Limones, en atención al "estado de las presentes actuaciones y en especial al atestado" presentado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil de 18 de noviembre. En una providencia, el juez dio un plazo a las partes personadas para que informaran sobre la competencia en la instrucción del presente procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para remitir la causa al Tribunal Supremo el juez deberá redactar una exposición razonada con los indicios que hay contra el alcalde de Alcalá.

El Ministerio Público solicita la declaración de "causa compleja"

Además de solicitar la remisión de la investigación sobre el caso ACM al Tribunal Supremo, la Fiscalía ha solicitado al juez que declare asimismo la investigación como causa de "especial complejidad", lo que permitiría ampliar la instrucción a 18 meses. En un escrito fechado el 16 de marzo, el fiscal solicita al juez dicha declaración, al estimar que "las circunstancias sobrevenidas a la investigación" imposibilitan que ésta pueda "razonablemente completarse en el plazo estipulado" de seis meses para las investigaciones ordinarias. De otro lado, los portavoces del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá consideraron ayer que la petición de la Fiscalía para elevar al Tribunal Supremo las diligencias relacionadas con el caso ACM "tan sólo da trámite a lo procesalmente establecido", por lo que lamentaron que "la única novedad al respecto vuelve a ser la utilización política del asunto que supone que el alcalde siga en una situación de indefensión, al asociarse su nombre a un asunto en el que aún no se ha revelado, fehacientemente, el porqué de su implicación".