La Guardia Civil ha identificado en un análisis fonético-lingüístico a tres de los cuatro acusados en el caso Camas por el intento de soborno a una concejal, pero no ha podido demostrar la participación en la grabación inculpatoria del ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile. Fuentes del caso informaron ayer a Efe que los peritos de la Guardia Civil, en un informe entregado al juzgado que instruye el caso, han determinado que el análisis de la grabación realizada en una reunión el 18 de agosto de 2005, en la que presuntamente se planificó el cohecho, sólo permite demostrar la participación en la misma del ex alcalde Agustín Pavón, el empresario Eusebio Gaviño y el ex edil del PA José del Castillo.

Los agentes establecen que "no es posible realizar un cotejo de voz" respecto al cuarto imputado, el ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile, y todo ello "teniendo en cuenta las limitaciones" de este tipo de pruebas, según los peritos.

El análisis fonético-lingüístico de la grabación fue ordenado por el juez después de que los peritos no pudieran realizar, debido a la mala calidad de la grabación, una prueba de voz que permitiese identificar a los asistentes a la reunión en la que presuntamente se planificó el cohecho. La grabación fue realizada por el militante de IU Francisco Javier Gordo, que asistió al encuentro como supuesto intermediario con la concejal que iba a ser sobornada.

Este peritaje es una de las pruebas pendientes de la causa judicial por el intento de soborno con 12.000 euros a la ex concejal de IU, Carmen Lobo, asunto en el que la Fiscalía de Sevilla ha pedido un año y medio de cárcel para cada uno de los cuatro acusados. Según el fiscal, los procesados se pusieron de acuerdo para "poner fin a la situación de bloqueo del Ayuntamiento" y decidieron ofrecer a Carmen Lobo "un beneficio económico" para que la concejal volviese a votar a favor de sus propuestas. El juez de instrucción 2 de Sevilla acordó continuar la tramitación del caso por entender que, pese a la anulación de las escuchas telefónicas a los acusados -autorizadas por el juez- existen otras pruebas como la declaración de los denunciantes, el sobre con 12.000 euros que Gaviño llegó a entregar a la sobornada y una anotación del orden del día municipal.