El ex alcalde de Guillena ingresa en prisión tras no prosperar su indulto

  • Justo Padilla cumple condena desde ayer por permitir a un alguacil ejercer de Policía. La Audiencia rehúsa sustituir la condena a 18 meses por estar inhabilitado por otros delitos.

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Justo Padilla, el que fuera alcalde de Guillena entre 1979 y 2009, se convirtió ayer en el primer regidor sevillano que entra en prisión para cumplir una condena firme por asuntos vinculados con su gestión, en este caso, de más de 30 años al frente de un ayuntamiento y con tres formaciones distintas: por el PC, con un grupo independiente y por el PSOE, en el que sigue militando. Su ingreso se produjo a primera hora de la mañana, a las siete, y de forma voluntaria, porque no tenía una fecha concreta para hacerlo. Le acompañó su familia. Ha querido zanjar así una espera "angustiosa", según sus allegados, después de que el indulto que había solicitado en abril y con el que pidió un aplazamiento de la orden de ingreso le haya sido denegado. La Fiscalía se pronunció a favor de autorizarle alguna medida sustitutoria de la cárcel, por el cariz de la pena, pero la Audiencia Provincial lo ha rechazado.

Padilla cumple así una condena de 18 meses de cárcel, como colaborador necesario en un delito de usurpación, al permitir que un alguacil desde 1978, luego auxiliar, ejerciera de 2003 a 2007 como policía local, unos años en los que instruyó diligencias por delitos graves y compareció en juicios como el policía local número 11 del municipio. El fallo era firme desde finales de 2012, cuando el Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación. Por el caso están condenados además el auxiliar y los dos jefes de Policía que tuvo, que también han pedido el indulto, pero Padilla es el único en prisión. En penas inferiores a dos años se suele eximir del ingreso si no hay antecedentes penales. Pero el ex edil los tiene: en enero de 2010, poco después de su renuncia a la Alcaldía, aceptó una condena a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación urbanística, al no atajar la proliferación de construcciones ilegales en la zona de Los Lagos del Serrano, un caso que fue denunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente. En junio de 2010, también para evitar el juicio, aceptó otra a nueve años de inhabilitación por permitir la construcción de varias naves de promoción pública en una zona verde sin esperar a la modificación del PGOU, con informes técnicos en contra. No había penas de cárcel, pero los antecedentes han sido determinantes ahora. Tiene pendiente otra causa por el vertido de aguas residuales al río Ribera de Huelva, por el que la Fiscalía de Medio Ambiente le pide otros dos años de prisión.

A pesar de que estos casos son conocidos, el ingreso de Padilla -que hasta el pasado verano, y desde su marcha del Ayuntamiento, era gerente de la Mancomunidad de Servicios de la Vega, en la que seguía trabajando- ha causado estupor en su entorno y en este municipio de la comarca del Corredor de la Plata, de 12.000 vecinos. Padilla renunció a la Alcaldía con mayoría absoluta, tras refrendarla en sucesivas elecciones y a pesar de que esos procesos judiciales provocaron ríos de tinta. Por dos veces, además, se le anuló el PGOU en los tribunales por defectos en la tramitación. Según explicó ayer José Enrique Valdivia, uno de los portavoces de la Plataforma de amigos y familiares en defensa de Justo que se ha constituido en el municipio, el estupor se debe, por un lado, a que el regidor ha llevado sus casos judiciales de forma discreta, con su familia y su abogado y pocos sabían que el ingreso en prisión iba a ser inminente. El movimiento de apoyo que está arrancando ahora no hubiera tardado tanto, dice.

Pero también admite que pocos se esperaban que terminara entrando en la cárcel. Es "desproporcionado", defendía Valdivia, poniendo en la balanza los casos de corrupción, desvío o malversación de fondos públicos que acaparan portadas, frente a los posibles errores en la toma de decisiones administrativas durante 30 años al frente de un Ayuntamiento. En el caso de las naves, la plataforma de apoyo recuerda que fueron de promoción pública y su precipitación se debió a su "preocupación por el desarrollo" del pueblo y que luego han sido "totalmente legalizadas". En el caso de la condena por el caso del alguacil, es "por algo que ni siquiera ha hecho él", defienden.

Esta noche, a las 21:00 en el salón de celebraciones "más grande" del municipio, el de la Portuguesa, hay un primer acto público para explicar lo ocurrido e iniciar movilizaciones y una recogida de firmas para apoyar la petición de indulto. Se espera lleno absoluto. Según la plataforma, ya en el mes de agosto se presentó alguna documentación adicional a la petición de indulto que hizo el propio Justo Padilla, que no se ha tenido en cuenta, por lo que el edil ha pedido un suplicatorio para que se considere, aunque ese paso no frena su ingreso en prisión. Ahora, se quiere reforzar con la movilización y recogida de firmas.

Por su parte, el actual alcalde, Lorenzo Medina, que relevó a Padilla tras su marcha, explicó que después de tantos años de trayectoria política -Justo Padilla ha sido también representante socialista en la Diputación- han sido muchos los alcaldes y compañeros que han llamado interesándose por su situación.

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