Los ayuntamientos de Sevilla, como los de todo el país, andan expectantes por ver en qué se plasma el acuerdo alcanzado el 26 de febrero entre el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para flexibilizar las condiciones en las que podrán invertir el superávit de sus presupuestos. Beneficiará sobre todo a los que han hecho una gestión racional o corregido desajustes, que ya son la mayoría en Sevilla, y de la capacidad para elaborar proyectos. La confianza es que, tras el decreto, puedan abordar aspectos esenciales vetados por el concepto de "inversiones financieramente sostenibles" (que no generen gastos estructurales) que, vía disposición adicional en los presupuestos del Estado, se han admitido desde 2014 con este ahorro que ha ido al alza por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No se han permitido, por ejemplo, intervenciones en centros educativos o deportivos y la adquisición de algo tan básico como vehículos y enseres de bomberos o Policía Local. También se confía en que los fondos puedan usarse en programas de empleo o con enfoque social.

El decreto afectará en principio a los superávit que los ayuntamientos consigan al cierre de sus presupuestos de 2017 (se empiezan a liquidar ahora) y de 2018. Para calibrar su importancia, la referencia son las cifras de 2016 y, hasta noviembre, 707 ayuntamientos andaluces (de un total de 778) habían liquidado su presupuesto y 680 tenían superávit por más de 1.484 millones de euros. Por provincias, hay datos desglosados hasta el pasado verano y en Sevilla, 54 de 105 municipios lograron superávit (aunque pueden ser más, que hayan liquidado después sus cuentas) por un montante total de más de 193 millones, incluida la capital. A ello se une la Diputación, que, según la contabilidad que maneja Hacienda, fue de casi 90 millones.

El dinero acumulado por los consistorios en los bancos es más del doble que en 2011

No obstante, la cifra real que se ha invertido ha terminado siendo menor, por varios factores: los ayuntamientos que tienen deudas deben priorizar su amortización y si han incumplido parámetros de estabilidad no se les permite; a veces, las inversiones que necesitan no se consideran "sostenibles" o están cubiertas por otras administraciones y los alcaldes aplican un "principio de prudencia", de ahí la importancia de que todo se flexibilice. Aun queriendo y pudiendo gastar, la regla de gasto impone un tope para incrementar su presupuestos. La reivindicación en este sentido es también que el uso del superávit no compute en esa regla o que el techo de gasto sea mayor.

El ejemplo de cómo todos estos condicionantes han reducido el superávit invertido es la Diputación que, según esa relación de 2016 confirmada por el organismo provincial, cerró el ejercicio con un ahorro 89,6 millones, pero ajustándose al techo de gasto sólo pudo destinar 60 a inversiones financieramente sostenibles, que deriva a los municipios. Con ese mismo porcentaje de un 67%, la inversión que podrían lograr en Sevilla el conjunto de los ayuntamientos con un uso flexible del superávit podría rondar los 130 millones por ejercicio y rozar los 200 con la Diputación.

Este anunciado balón de oxígeno -ante el que también hay muchos alcaldes escépticos, en tanto que no acaba con la situación de tutelaje e intervención del Gobierno central en la autonomía local, reconocida en la Constitución- será un balón de oxígeno para los muchos gobiernos locales, que llega otra vez en la antesala de un año electoral: las elecciones municipales se celebran en mayo de 2019. Ya ocurrió cuando en 2014 Montoro permitió que los ayuntamientos saneados y que habían ahorrado pudieran hacer al menos esas "inversiones sostenibles" tras varios ejercicios sólo de recortes obligados y normas para encorsetar el gasto.

Éstas han hecho que, si en 2011 los ayuntamientos de todo el país tenían unos 10.700 millones en depósitos bancarios, a raíz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012, esas reservas se ha multiplicado por más de dos y alcancen ahora los 23.500 millones de euros, según datos de la FEMP. No hay cifras desglosadas por provincias.

Aunque es cierto que hay ayuntamientos que siguen teniendo problemas y en los que el nivel de la deuda evidencia una cuestionable gestión, son los menos ya, como no se ha cansado de repetir desde hace mucho, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que en su condición de presidente la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha hecho de la lucha por la flexibilización de las condiciones impuestas desde la crisis financiera uno de sus frentes, recogiendo lo que viven día a día los ayuntamientos, la primera administración a la que acude el ciudadano y se percata de las carencias y necesidades de su territorio.

Villalobos ha recordado que, del conjunto de las administraciones, únicamente la local ha logrado, en su conjunto, darle la vuelta al déficit y contribuir a equilibrar las cuentas públicas del país, porque las comunidades autónomas y el Estado siguen arrojando cifras negativas en su conjunto. El decreto anunciado por Montoro es un voto de confianza en ese sentido.

Su reivindicación y la del conjunto de los ayuntamientos se centra también en que, parte del superávit, pueda destinarse a programas sociales y a algún tipo de contrataciones en los ayuntamientos, con dos objetivos. Por una parte, seguir respondiendo a situaciones de emergencia por la crisis económica, que ayude a parados de larga duración y a jóvenes que se inician en el mercado laboral al terminar sus estudios y, por otro, que alivien a una administración que los límites a la tasa de reposición ha visto reducidas sus plantillas y muchos programas bajo mínimos si no descartados. "No queremos generar déficit. Sólo emplear aquellos recursos que son nuestros en inversiones y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha dicho.