caso aznalcóllar

La IGAE no hará un dictamen jurídico sobre la normativa del concurso.

  • La Intervención responde a la juez que el informe encargado "desborda sus competencias"

Una imagen de la corta minera de Aznalcóllar.

Una imagen de la corta minera de Aznalcóllar. / juan carlos muñoz

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no realizará ningún dictamen jurídico sobre la validez de la normativa que regula el concurso público de la mina de Aznalcóllar, al estimar que el informe pericial encargado por el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla "desborda las funciones y competencias" de dicho organismo.

Así lo expone la subdirectora general de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico en otras áreas económicas financieras de la IGAE, Mercedes Vega García, en un oficio remitido al juzgado, en el que destaca que las funciones de la IGAE se ejercen sobre "procedimientos y actos administrativos", por lo que el análisis de la validez de un conjunto de normas queda fuera de sus competencias. La juez había solicitado el auxilio de la Intervención del Estado para que hiciera un "dictamen completo sobre la validez de la normativa", analizando en concreto el decreto-ley 9/2013 por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, así como la resolución del 13 de enero de 2014 de la dirección general de Industria, Energía y Minas por la que se convocó el concurso; y "todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, comprendiendo los trabajos desarrollados por la comisión técnica y la mesa de contratación" que concluyeron en la adjudicación a Minorbis-Grupo México.

El escrito de la Intervención recuerda que las competencias atribuidas a este organismo se concretan esencialmente en el "control interno de la actividad económico-administrativa del sector público estatal, la dirección y gestión de su contabilidad y el control de subvenciones y ayudas estatales y comunitarias".

Tras el oficio de la IGAE, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dictado una providencia en la que pide a las defensas que en su día recurrieron este encargo que se pronuncien sobre si mantienen los recursos, "al haber quedado sin objeto las impugnaciones promovidas sobre este extremo".

La empresa Minorbis había recurrido la decisión de la juez de encargar a la IGAE la realización de este dictamen jurídico completo. El abogado Juan Carlos Alférez consideraba en su recurso que una "pericial jurídica está proscrita por el ordenamiento jurídico", al tiempo que entendía que ese informe era "innecesario" por cuanto "confía plenamente en la capacidad jurídica de la instructora" y además porque el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la resolución de la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar están siendo "actualmente dirimidas en la jurisdicción Contencioso-administrativa, sede verdaderamente competente y experta, a diferencia de la IGAE, para decidir sobre la conformidad a Derecho y regularidad de la actuación administrativa que se trata de analizar".

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