El alcalde socialista de Burguillos hasta 2009, José Juan López, irá a juicio imputado de dos presuntos delitos contra la ordenación urbanística y de malversación de caudales públicos por las irregularidades que pudo cometer al dar licencia de obra y de ocupación de las viviendas del Señorío, una urbanización que casi seis años después sigue funcionando con generadores de luz, cuyo mantenimiento y combustible debe sufragar el Ayuntamiento, porque no se exigió a los promotores que las entregaran con los accesos y el sistema de suministro de luz y agua hechos. Las compañías suministradoras no se hacen cargo.

En la diligencia del Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla en la que se notifica el procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral, se imputa también un arquitecto que contrató en su momento el alcalde, F. A. G. R., por un delito contra la ordenación del territorio. Fue el que firmó el informe técnico en el que el edil basó su resolución. El arquitecto municipal emitió otros contrarios.

Según explicó ayer el actual alcalde del municipio, Domingo Delgado (PP), el caso tiene su origen en la denuncia de una vecina -hay 350 familias afectadas-; aunque el Ayuntamiento se personó como parte perjudicada en 2012. Va a pedir una aclaración para que se tenga en cuenta también otra zona residencial (la R-3) y un polígono industrial que tampoco cuenta con suministro de luz, que se cubre con generadores en los que el Ayuntamiento gasta más de 30.000 euros al mes en combustible. Éste es uno de la más de media docena de casos que el ex regidor tiene en los tribunales. Ya fue condenado en 2009 a ocho años de inhabilitación por otorgar una licencia de obras para dar más altura de la permitida en un edificio, antes de modificar el PGOU.

En el auto se destaca ahora que, en junio de 2004, López dio licencia de obra para la urbanización, a pesar de que no estaba aprobado el proyecto de reparcelación ni el de urbanización, que no se aprobaron hasta marzo de 2005 y septiembre de 2008, respectivamente. Entre los años 2007 y 2009, el ex regidor otorgó licencias de ocupación de las viviendas, con los informes de los técnicos municipales en contra, sin pedir informe jurídico y basándose en un único documento que había firmado el arquitecto que ha sido también imputado. Según el juzgado, la urbanización no tenía los "enganches" de las compañías para el suministro eléctrico; con lo que Endesa "se negó a hacerse cargo"; además no estaban terminadas las obras de soterramiento del arroyo El Chorrito; ni iniciada la ejecución de la rotonda de acceso.

Según el escrito del juzgado, las empresas promotoras se comprometían a hacerse cargo del suministro con generadores, pero "conforme obtenían la primera ocupación, se desentendían de tal gasto". La empresa municipal Burguillos Natural se hacía cargo. Ahora lo sigue haciendo el Ayuntamiento. Sólo hasta mayo de 2009, el gasto ascendía a 134.350 euros, según el auto, sin que se pasara a los propietarios de las casas según sus consumos.

El auto subraya además que existe un convenio firmado con la promotora por la que ésta abonó al Consistorio más de 80.400 euros para éste ejecutara la rotonda de acceso, que no se hizo. El Ayuntamiento tampoco ejecutó el aval de casi 160.000 euros para terminar la urbanización. Esta situación precaria ha motivado que los vecinos, que se han manifestado varias veces, tengan un suministro precario, a veces con cortes de luz de más de ocho horas y agua sin presión.