La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenanción del Territorio, José Fiscal, anunciaron ayer que la Junta pedirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que lleve a cabo, "de manera urgente", modificaciones legales para que las industrias y los pescadores dedicados al cangrejo rojo puedan continuar con su actividad, en la que se sustenta gran parte de la economía de Isla Mayor y de otros municipios del entorno, después de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe su comercialización, al estar catalogado como "especie invasora". Estas modificaciones pasarían por permitir la pesca y comercialización del cangrejo rojo transformado, "no vivo", "evitando así la posibilidad de que se reproduzca en otros espacios naturales", según destacó la consejera, Carmen Ortiz, tras reunirse ayer en Isla Mayor con representantes del Ayuntamiento y las cinco empresas comercializadoras del cangrejo en la localidad.

Ortiz subrayó que el fallo ha llegado cuando las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente habían ultimado un decreto para regular la actividad de la pesca del cangrejo, como demandaba el sector. "Desde el primer momento, el Gobierno andaluz ha apoyado una actividad que está generando empleo y trabajo en toda la comarca". Al margen de pedir el cambio normativo, se están analizado otras posibles alternativas para que la campaña no se paralice, como pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia.

El alcalde, Juan Molero, explicó que tienen intención de invitar a Ecologistas en Acción y a otras organizaciones que recurrieron el decreto del Estado que excluía del veto a la comercialización a éstas y otras especies no autóctonas a conocer la zona, en la que el cangrejo se introdujo hace 50 años, a "debatir", aunque en una reunión de urgencia que ya se celebró el miércoles en el Ayuntamiento a la que asistieron también representantes de todos los partidos políticos y el sector abogó incluso por nombrar en Pleno non gratas a estas entidades.

También se pronunció ayer la Diputación, que aprobó en el Pleno una moción en la que se reclama al Gobierno central que recurra el fallo. El PSOE, el PP, IU, C's y Participa estuvieron de acuerdo en que la prohibición de la pesca y comercialización del cangrejo rojo "supone un grave problema socioeconómico en la comarca del Bajo Guadalquivir, focalizado principalmente en Isla Mayor", donde el sector genera hasta 200.000 jornales al año y factura unos 20 millones de euros, el 85% de ellos procedentes de la exportación. La moción de la Diputación pide que se cree una "comisión mixta" para la búsqueda de "una solución que permita la subsistencia de las actividades relacionadas con el cangrejo rojo y la protección del medio ambiente con medidas de gestión y control de expansión de la especie".

CCOO también instó a convocar de inmediato una mesa de trabajo y "activar todos los mecanismos necesarios para diseñar un plan de emergencia, de cara a reducir el impacto y propiciar esperanza y oportunidad para la comarca" de Isla Mayor. "Estamos hablando de miles de jornales y de centenares de familias, la conmoción en lsla Mayor y otros municipios".

El sindicato dijo que no cuestiona el contenido del fallo en lo que atañe a los aspectos ambientales y de biodiversidad, pero subrayó que su aplicación conlleva unos efectos sociales y económicos "demoledores" para la zona. "O se activa un plan de transición hacia otro modelo de explotación, que permita garantizar el empleo y la actividad que conlleva hoy la comercialización de esta especie, o se estará dando un portazo", en "un ejercicio de irresponsabilidad muy grave". El sindicato considera que el Ministerio debe elaborar una estrategia pública relativa a esta especie, como las hay para otras como el avispón asiático o el visón americano.