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El futuro de la minería sevillana

Junta y Estado, dispuestos a llegar a un acuerdo sobre Aznalcóllar

  • Tanto la presidenta, Susana Díaz, como la delegada del Gobierno central moderan el discurso y muestran su confianza en la próxima reapertura de la mina.

Tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, como la delegada del Gobierno de España en la comunidad autónoma, la popular Carmen Crespo, quisieron dejar este martes clara la disposición de ambas administraciones para llegar a un acuerdo que propicie la rápida reapertura de la mina de Aznalcóllar, cerrada desde 1998 después de un vertido masivo al río Guadiamar que provocó una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de Andalucía.

Tras el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo central interpuso este martes in extremis ante lo que considera una vulneración de sus competencias por parte de la Junta de Andalucía, Susana Díaz no quiso polemizar en exceso y afirmó que no va poner "ningún problema formal" para alcanzar un acuerdo que permita evitar retrasos en la reapertura de la mina de Aznalcóllar "Si al final lo que plantea el Gobierno es que debe ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la apertura, lo voy a aceptar", dijo la presidenta durante una visita a la localidad sevillana de Olivares.

La presidenta de la Junta de Andalucía no quiso mostrarse excesivamente beligerante con el Gobierno de Mariano Rajoy y aseguró que "la prioridad son las más de 1.300 familias que no pueden tener la inseguridad de que una salida inmediata al mercado laboral se va a ver interrumpida por un problema de formalismos entre dos gobiernos".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía aseguró a la prensa tras una reunión con los representantes de CCOO que ambas administraciones "quieren entenderse" y que esta misma semana comenzarán las reuniones tanto a nivel político como técnico para superar el conflicto entre Estado y Junta para reabrir cuanto antes la mina. "Lo bueno de la noticia es que las dos administraciones tienen voluntad política de llegar a un acuerdo", apostilló Crespo, quien quiso lanzar también un "mensaje de tranquilidad a los inversores. Queremos que la mina se abra y que los plazos no se dilaten".

El pasado viernes, el Consejo de Ministros anunció que iba a recurrir al Tribunal Constitucional por vulnerar competencias del Estado el decreto-ley 9/2013 por el que la Junta aprobó el diciembre pasado la reapertura de la mina de Aznalcóllar, texto que contó con el apoyo del Parlamento andaluz -incluidos los votos del PP- pero que en ningún momento fue consensuado o notificado al Gobierno central. Con este recurso que se materializó este martes -último día de plazo-, el Ejecutivo de Rajoy quiere dejar claro que las reservas mineras son "exclusivas" del Estado, tanto por la Ley de Minas de 1973 como por dos reales decretos de 1981 y 1982, según recordó este martes a los periodistas Carmen Crespo. El problema es que este recurso paraliza, al menos temporalmente, el concurso puesto en marcha para la explotación de una mina que, según los expertos, cuenta con 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata). Hay que tener en cuenta que el próximo 16 de abril (dentro de un mes) se cierra el concurso internacional convocado por la Junta para la explotación de este complejo minero que antaño fue gestionado por la multinacional sueca Boliden.

El hecho de que ambas administraciones mostrasen este martes su buena disposición a llegar a un acuerdo no fue óbice, sin embargo, para que defendiesen sus posturas. Así, Crespo hizo hincapié en que la Junta "no ha hecho bien" el decreto de apertura de la mina y que el recurso del Estado pretende dar seguridad jurídica y medioambiental al proyecto y evitar así que un tercero pueda plantear un contencioso que obligase a mantener cerrada la mina sine die. Según la delegada, la legislación antes citada obligaba a la Junta a consultar previamente al Gobierno sobre el decreto de reapertura. "El decreto puede crear un efecto dominó en todas las comunidades autónomas y en todas las minas de España", dijo Crespo.

Por su parte, Susana Díaz desveló este martes, en declaraciones recogidas por Efe, que aprovechó su coincidencia el pasado lunes con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en un acto en Sevilla para trasladarle su "malestar" por el hecho de que el Gobierno no tuviese "un minuto" para informarle previamente del recurso de inconstitucionalidad aprobado en el Consejo de Ministros, algo que no considera "lógico" cuando se trata de una "cuestión que afecta a más de 1.300 familias de la comarca de Aznalcóllar.

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