La Junta de Andalucía ha reiterado este martes, tras conocer la petición de Emerita de paralizar los trabajos en la mina de Aznalcóllar y ampliar las imputaciones, su firme convencimiento en la “pulcritud del concurso” y su “rotundo apoyo a los funcionarios que lo desarrollaron con absoluta profesionalidad”, según explicaron a este periódico fuentes de la Junta. Las mismas fuentes indicaron que, desde el “máximo respeto a la Justicia y la absoluta disposición para aclarar la legalidad del concurso de adjudicación de Aznalcóllar”, debe señalarse que el escrito de Emerita no se corresponde con la solicitud del juzgado de Instrucción número 3 recogida en su auto de reapertura del caso, por cuanto “más que alegaciones a las solicitudes del juzgado se asemeja a un nuevo escrito de denuncia”.    Todos los hechos descritos por Emerita para sostener este nuevo escrito, que amplía sus acusaciones, “ya han sido investigados por el juzgado número 3 en su primera fase de instrucción, y no se recogen en el nuevo auto de reapertura del caso, ni son mandatadas en el auto de la Audiencia de Sevilla de reapertura de la causa”, precisan las fuentes.. El auto de reapertura de 31 de octubre del juzgado número 3 afirma que la prueba solicitada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sí fue realizada y cumplimentada en la anterior fase de instrucción. No obstante, tras desacreditar la realización y al autor de dicho informe “a petición de parte” reitera a la Confederación un nuevo informe explicativo. Y recuerda que ese informe no se solicitaba en el concurso.Ese auto “sólo propone a las partes, especialmente a la Fiscalía, que opinen sobre la decisión de completar la instrucción con nuevas declaraciones de los miembros de la Comisión Técnica y la Mesa de Contratación”, pero sobre los hechos investigados, no sobre “nuevos hipotéticos hechos y conjeturas de la parte acusadora”, argumentan las fuentes, que recuerdan que la Fiscalía de Sevilla solicitó por escrito el archivo del caso y que el auto de la Audiencia de Sevilla, cuya ponencia correspondió a la juez Mercedes Alaya, “no rebate ni siquiera cita a la fiscal en ninguno de sus 59 folios”. Respecto de las hipotéticas citaciones a declarar de los empresarios de Minorbis, la Junta subraya que la juez no ha pedido opinión a las partes y que resolverá una vez tenga el informe encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sobre la Dirección General de Minas, el auto judicial solicita la resolución de 3 de junio de 2016 y un informe del estado y actividades de la mina, así como una ampliación sobre la aceptación del resultado del concurso.