La Junta de Andalucía reiteró ayer su "convencimiento" respecto a la "correcta" adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, después de que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla haya decidido practicar nuevas diligencias y encargar la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer.

Fuentes de la Consejería de Empleo explicaron que la Administración autonómica, como no podía ser de otra manera, nuestra su "máximo respeto" a las actuaciones judiciales y su "máxima colaboración" con el juzgado que investiga la denuncia de Emerita, la empresa perdedora del concurso.

En cualquier caso, la Junta insiste en su convencimiento en que la adjudicación del concurso a Minorbis-Grupo México fue "correcta" y, en este sentido, muestra su "absoluto apoyo al trabajo realizado" por los funcionarios de la Consejería.

En un auto, la juez ha planteado la imputación de los otros seis miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación que participó en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, y para ello ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla y a las acusaciones personadas -Emerita, Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias- que se pronuncien sobre los extremos sobre los cuales se "proponga la citación como investigados" de estos técnicos.

La juez responde de esta forma al auto de la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya que el pasado 20 de octubre acordó la reapertura de la causa y la práctica de una serie de diligencias, al estimar que en el concurso público se aprecian "ilegalidades severas y arbitrarias".

En el auto dictado ahora, que tiene fecha del 31 de octubre, la juez de Instrucción ha decidido encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -la misma con la que Alaya colaboró estrechamente en la investigación de las macrocausas- que investigue y realice un informe completo sobre el "papel real" desempeñado por la entidad Minorbis y las "circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales -desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación- para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración".

La juez quiere que la Guardia Civil detalle en ese informe la "intervención real en el concurso y adjudicación de Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario, para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial de Grupo México" y si Minorbis disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios por importe de 1,2 millones.