La Consejería de Fomento y Vivienda confirmó ayer que está a la espera del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía -que vela por que las resoluciones se ajusten a la normativa vigente- para resolver el expediente que tiene abierto a la empresa de transportes Los Amarillos, por el mal funcionamiento de la línea de transporte regular VJA-089, que implica, además de otras rutas con Cádiz y Málaga, la que conecta Los Palacios con Sevilla, adscrita al Consorcio Metropolitano de Transportes. Ésta ha sido motivo de constantes quejas de los viajeros y de reclamación por el Ayuntamiento. La última vez ha sido al inicio de esta misma semana, cuando se produjeron importantes retrasos en las horas de salida previstas y de las que dependen numerosos trabajadores y estudiantes de la localidad, que no tiene otro medio de transporte público alternativo.

El expediente implica que este lote de transporte público se contrate con otra empresa distinta, aunque Fomento insiste en que, en el caso de que eso ocurra, la nueva concesionaria estará obligada a asumir a la actual plantilla que cubre la línea con Los Amarillos.

Sólo hay un precedente reciente de este tipo, con otra empresa en la provincia de Córdoba

Aunque muchas veces se ha llamado la atención a la empresa y se había advertido de que podría perder la concesión, nunca se había llegado tan lejos con la apertura de un expediente de este tipo. Fuentes de la Delegación Territorial precisaron que existe un precedente reciente, en otra provincia, con otra empresa que se quedó sin la concesión por un caso similar. Se trata de la VJA-058 o el contrato de Pozoblanco y Córdoba, por Alcaracejos y Villanueva de Córdoba con Hijuelas. En aquel caso fue porque incumplió el contrato en lo que tenía que ver con el número de expediciones de la la línea y las condiciones de los vehículos.

El expediente que afecta a la línea de Los Palacios se basa en "numerosos incumplimientos de la empresa", algunos graves, como no tener en regla los permisisos necesarios para el desarrollo de la actividad, según la Junta, por calidad deficiente en su flota y alternación o anulación sin autorización ni previo aviso de expedieciones, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.