La Junta admite el varapalo del Supremo pero pleiteará para que Boliden pague

  • El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, anuncia que el gabinete jurídico trabaja ya en el conflicto de jurisdicción para que se aclare qué órgano debe resolver sobre la reclamación de los 89 millones.

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La Junta no está dispuesta a que la multinacional sueca Boliden Apirsa eluda el pago de los 89,9 millones de euros que costó la recuperación de la cuenca del Guadiamar tras el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar. Y para ello no descarta "pelear hasta el final para que se haga Justicia", según anunció ayer el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado un nuevo varapalo a las aspiraciones de la Administración autonómica de recuperar el dinero invertido tras el desastre ecológico ocurrido en la madrugada del 25 de abril de 1998.

La sentencia del Alto Tribunal, que anula el acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró en vía administrativa que las empresas del grupo Boliden estaban "obligadas" a reembolsar los costes asumidos por la Junta, ha devuelto el proceso a marzo de 2004, cuando se produjo esta decisión de la Administración autonómica, con lo que 13 años después del vertido la empresa responsable sigue sin reparar el daño causado. Y a esta situación se añade que actualmente Boliden Apirsa se encuentra en fase de liquidación, lo que complica aún más las aspiraciones de la Junta para recuperar los 89,9 millones de euros.

Después del tiempo transcurrido, la Justicia todavía aún no ha decidido qué jurisdicción -la Civil o la Contencioso-administrativa- es la que debe entrar a resolver sobre el fondo del asunto. La Junta planteó primero una demanda civil contra Boliden, pero un juzgado de Primera Instancia de Sevilla y la Audiencia Provincial declararon que no tenían competencia para analizar la cuestión. El Gobierno andaluz decidió entonces elevar la reclamación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló el acuerdo de 2004 en una sentencia que ahora ha confirmado íntegramente el Tribunal Supremo.

La única vía que le queda a la Junta es plantear un conflicto de jurisdicción -como ocurrió hace unos meses con el asunto de la entrega de las actas de los consejos de Gobierno a la juez que investiga las irregularidades de los ERE-, para que se decida qué órgano es el competente para resolver la cuestión, una solución que el Alto Tribunal recuerda que ya se le indicó a la Administración autonómica cuando el TSJA se pronunció sobre el asunto. La crítica del Supremo a la actuación de la Junta era evidente: si se hubiese procedido como indicó el TSJA, "el conflicto de competencia negativo ya estaría resuelto hace tiempo" y la solución a la reclamación económica estaría más próxima.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, admitió ayer que la sentencia del Alto Tribunal supone un "revés" dentro del "largo proceso jurídico" para reclamar el pago a Boliden, en el que el Gobierno andaluz "no va a rendirse", por lo que, según dijo, el gabinete jurídico ya está estudiando las posibles acciones contra la multinacional. "La Junta evitó una auténtica catástrofe medioambiental, pero eso costó muchísimo dinero, por lo que creemos justo que las arcas andaluzas -junto con las del Ministerio, que también colaboró- se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón", declaró ayer Días Trillo a Europa Press.

El consejero de Medio Ambiente precisó que "se actuará en la dirección" del conflicto de jurisdicción que apunta el Tribunal Supremo, al igual que "se sigue trabajando en algunas vías civiles que aún están abiertas". En cualquier caso, Díaz Trillo consideró que la Junta tiene el "aval" de haber actuado "por todas las vías posibles y de haber puesto todo empeño jurídico y administrativo para que al final se cumpla aquello de quien contamina, paga".

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