Agripina Cabello recuperó la Alcaldía de Almensilla para el PSOE tras cuatro años de IU. Profesora de Latín, de 2003 a 2011 fue edil de Educación, Bienestar Social y Formación y Empleo. Ahora, con una situación financiera compleja, dice trabajar en dos frentes: negociando y fraccionando la deuda para acabar con las "improvisaciones" e intentando poner al día los parques y la limpieza viaria, servicios básicos pero deficientes. Se ha dado dos años de plazo para avanzar en otras políticas. Y tiene sobre la mesa la patata caliente del sector F o Santa Iglesia. El día después de la entrevista, un grupo de afectados protestó ante la Diputación, donde es vicepresidenta, con labores, sobre todo, de representación.

-¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento tras estos años?

-Almensilla tiene una deuda importante y diversa de unos 7 millones, que no me coge de sorpresa. La prioridad es no aumentarla y negociar lo que hay para pagar a largo plazo. Nos hemos acogido al fondo de ordenación del Estado (800.000 euros, con dos años de carencia y diez para pagar) para las sentencias por convenios del PGOU; hay otra sentencia por más de 400.000 euros que se estaba pagando, como los plazos con la Seguridad Social. A la vez, trabajamos en el presupuesto de 2016, adaptándolo al milímetro a la realidad y controlando el gasto. La liquidación de 2015 ya no ha sido negativa. Estamos en la senda.

-¿Se ha superado la situación que llevó al ERE temporal?

-Necesitamos al personal que tenemos y falta en obras y servicios y en limpieza. Pero no podemos cubrir ni las jubilaciones. Intentamos optimizar recursos y los planes de la Diputación y la Junta.

-En su día apostaron por un PGOU expansivo, con más de 18.000 viviendas, y es el origen de muchos de sus problemas.

-No era mi área, pero tras lo que ocurrió en los municipios de 2003 a 2008, cuando había muchos recursos para hacer cosas, tengo algo claro: un programa con vocación de permanencia debe ser sostenible con fondos ordinarios. Yo inicié uno de educación en inglés ambicioso y luego hubo que subir las tasas. Sobre el PGOU, y conociendo otras perspectivas, estoy de acuerdo con los planteamientos de ahora y ya dejamos casi hecha su adaptación en 2011. Se necesitan algunos cambios y partidas presupuestarias que no sé si tendremos este año. Pero el PGOU es importante para planear cualquier cosa y hay convenios que pueden seguir con modificaciones, sin devolver el dinero.

-¿El anterior alcalde presentó una denuncia por el IVA de unas VPO que no se pagó?

-Se archivó, pero es una de las deudas no resueltas.

-En estas circunstancias, ¿cuáles son sus prioridades de gobierno?

-La falta de recursos lo condiciona todo. Primero tenemos que restablecer los servicios básicos de limpieza y jardines. En el resto de áreas se pueden hacer cosas con la colaboración de otras administraciones. Desde la Concejalía de Educación se trabaja mucho y bien con los centros educativos.

-¿Y tendrá Almensilla instituto?

-En 2011 se cedió el suelo y la Junta tiene el proyecto. La previsión es incluir una partida en los presupuestos de 2017. Es un compromiso verbal de la delegada.

-La sanidad es una reclamación.

-El Ayuntamiento pagó durante años a un médico de urgencias que no se pudo mantener. Hemos tenido muchas reuniones con Salud y nos dice que las urgencias están cubiertas: Coria, Mairena o San Juan están a diez minutos. Por número de cartillas podríamos tener otro médico y por la tarde. Pero es la pescadilla que se muerde la cola: los vecinos no se inscriben porque hay pocos servicios y éstos van en función de los inscritos.

-El sector F ha saltado a primer plano por el dinero que dice haberse llevado el tesorero, pero es otro problema histórico.

-Es un tema complejo. Son más de 600 parcelas en un millón de metros. Han intentando urbanizarse dos veces en 20 años y se ha parado por distintas circunstancias. Pese a ello, había una deuda con el banco, que se negoció, y cuando se iba a producir el primer pago saltó el correo electrónico con la sustracción del dinero. Se ha intentando negociar otra vez con el banco. Los acuerdos se toman en la asamblea, pero es cierto que el clima social es insostenible. Hay personas que están pagando y otras que, por más que quieran, no van a poder hacerlo. Y la complejidad es enorme también desde el punto de vista urbanístico, las obras están a la mitad y deteriorándose.

-¿Cuando habla de clima social, a qué se refiere?

-A que las familias están desesperadas. Hay personas en paro o mayores, que enferman por la situación, y conflictos entre vecinos. La Justicia debería ir lo más rápido posible con este tema.

-¿Cuánto haría falta para que se regularizara?

-Sobre seis o siete millones de euros. Ya se dispuso de cinco, algunos no pagaron y se han generado intereses. Hay que pagar, al margen de lo que cueste terminar urbanizar. En asamblea se ha acordado una derrama extraordinaria.

-¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para arreglar las cosas?

-Dentro de la junta de compensación tiene la labor de fiscalización, de velar por que el tema urbanístico se haga conforme a la ley, y tiene un representante en la junta de delegados. Tras lo ocurrido, hay una desconfianza tremenda y muchos quieren que el Ayuntamiento actúe en un sentido u otro, pero sus competencias llegan hasta donde llegan. No puede hacer más, por justo que nos parezca. Si la junta, en asamblea legalmente constituida, aprueba algo, sólo puede velar porque se lleve a cabo conforme a la ley. Pero hay personas que, aunque quieran no pueden pagar si ya tienen otro un préstamo o están en apremio... Gestionar eso socialmente es muy difícil. Por este despacho pasan personas con opiniones muy contrarias.

-¿Qué pasa si no se paga? ¿Cuál es la garantía de esos créditos?

-Una serie de parcelas, no todas. Las cargas estaban desequilibradas y con una cláusula que contempla una fianza solidaria de todos los vecinos. Ha sido la gran losa. El último acuerdo del banco sí incluye que quien pague su parte queda liberado. Antes todos respondían solidariamente si alguien no pagaba.

-Hay ex ediles citados en el juzgado en relación al sector.

-Están citados como representantes del Ayuntamiento en la junta de delegados antigua y en la actual porque hay una denuncia

-¿Tuvo que ver la dimisión de su edil de Urbanismo con todo esto?

-Nada que ver, tiene más 60 años y le diagnosticaron una dolencia cardiaca. Su renuncia se produjo tras la primera reunión de la comisión especial del Ayuntamiento sobre el sector F y se mezclaron las dos cosas. Estamos viendo quién asume sus áreas. Pero, al margen del representante en esa junta, la alcaldesa es la que está en continuo contacto tanto con los vecinos, como con la junta de delegados y con quien haga falta.

-¿El Ayuntamiento puede prestarle algún servicio?

-No, está sin recepcionar. Siguen organizándose en comunidad de vecinos. La Mancomunidad del Guadalquivir colabora mucho, a veces pone una cuba y nos pide que avisemos a los vecinos, para recoger basura y enseres.