La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha opinado que la catástrofe ecológica que causó en 1998 la rotura de la balsa de la mina de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla) "quizá no se hubiera producido" si España hubiera contado con una ley de Responsabilidad Medioambiental como la vigente.

Narbona, quien ha inaugurado en Sevilla un seminario de la Fundación Biodiversidad sobre el reglamento que desarrollará dicha ley, ha señalado que si este texto legal hubiera estado vigente entonces "Boliden se hubiera preocupado muchísimo más" por sus riesgos e impactos medioambientales.

La ministra ha recordado que tras la catástrofe ecológica de Aznalcóllar, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció una ley de responsabilidad medioambiental que nunca se llegó a redactar y que ha tenido que ser el actual Ejecutivo el que la ha impulsado en esta legislatura.

"Confío en que la Ley de Responsabilidad Medioambiental y su próximo reglamento sean un instrumento que prevenga de accidentes como la rotura de la balsa minera de Boliden y de tantas otras circunstancias que pueden dañar nuestro valiosísimo patrimonio natural", ha dicho a los participantes en el seminario.

Narbona ha valorado el esfuerzo capitaneado por la Junta de Andalucía para resolver esta catástrofe ecológica, de la que en abril se cumplirán diez años, y ha recordado que ha costado 200 millones de euros "y diez años de esfuerzos desde el ámbito público".

"Andalucía sufrió hace diez años un accidente que quizá no se hubiera producido si Boliden hubiera estado sujeta a una ley que le obligaba a la prevenir y reparar daños ambientales y a dotarse con garantías financieras", ha señalado.

La ministra ha enfatizado que el corredor verde creado en el cauce del trío Guadiamar que se vio afectado por el vertido tóxico de Boliden representa "todo un ejemplo el esfuerzo desarrollado por la administración para recuperar una zona gravemente dañada".

En opinión de Narbona, la Ley de Responsabilidad Medioambiental que ya ha entrado en vigor, "es una de las mejores normas de responsabilidad ambiental aprobadas en la Unión Europea" y concreta normativamente el principio "del control social, y no sólo de las administraciones, frente a las cuestiones ambientales".

Respecto al reglamento de esta ley, ha señalado que debe de aprobarse antes de final de este año y que precisará algunos aspectos complejos y otorgará "seguridad jurídica" a todos los agentes implicados en su aplicación.

Narbona ha confirmado que el reglamento no impondrá la obligatoriedad de que las empresas susceptibles de contaminar suscriban avales o fianzas ya que esta garantía financiera obligatoria no se impondrá hasta el año 2010, cuando se transponga de la correspondiente directiva comunitaria.

La Ley sí incluye la obligatoriedad de que las empresas con un posible impacto medioambiental sí cuenten con una preceptiva evaluación de riesgos.

El viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, Juan Espadas, ha destacado que la Junta de Andalucía ha incluido la normativa sobre responsabilidad medioambiental en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que también incluirá la exigencia de una garantía financiera obligatoria a las empresas cuando lo apruebe la UE.