los Palacios y Villafranca

Ordenan el desahucio del Juzgado de Paz por la deuda del Ayuntamiento

  • El lanzamiento está fijado para el 13 de diciembre, pese a que el gobierno asegura que se ha solventado

La crisis económica ha hecho que las noticias sobre desahucios y "lanzamientos" -momento en el que un inquilino debe dejar el inmueble- se hayan multiplicado. Pero el caso que ha saltado en Los Palacios es singular no por el drama humano, sino porque afecta al mismísimo Juzgado de Paz de la localidad, en el que trabajan cinco funcionarios de la Junta, y al que muchas veces se pide apoyo en este tipo de trámites. Un juzgado de Utrera le ha puesto fecha al lanzamiento del propio juzgado, el 13 de diciembre, debido a que el Ayuntamiento (que debe pagar el alquiler o ceder local propio a estos juzgados) mantiene una importante deuda con el propietario, según denunció ayer el sector de Justicia del sindicato CSIF, que calificó la situación de "gravísima".

El propietario es, además, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que tiene un edificio en Los Palacios. En concreto, en la calle Santiago Heras, una de cuyas oficinas está alquilada con este uso. Fuentes de la CES confirmaron ayer que el problema de los impagos municipales no es nuevo y que ya en una ocasión, en la que también se puso fecha al desahucio, se arregló. Pero se ha vuelto a generar una deuda, con lo que se puso en marcha el procedimiento.

Fuentes municipales, por su parte, se mostraron convencidas de que el desahucio no llegará a materializarse y que todo se debe a una deuda por unos 9.000 euros, más los intereses, del año 2014, por un "problema contable de interpretación de facturas", que ya se habría aclarado entre los abogados. Las fuentes recordaron los problemas económicos que arrastra el Consistorio, incluida la deuda por el alquiler para este juzgado, que ha tenido que reconocerse extrajudicialmente varias veces. Pero su voluntad, insisten, ha sido y es pagar, "de buena fe".

CSIF denunció que la situación que se está produciendo es "rocambolesca" y ha sembrado la incertidumbre entre los trabajadores, que desconocen qué deben hacer con los cientos expedientes archivados o en curso, si el desahucio se produce. El sindicato lamenta además la "total indefensión y falta de tutela" para las personas que hacen uso de la administración de justicia en la localidad.

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