Los ayuntamientos sevillanos, como los del resto de Andalucía, tienen dos vías principales de financiación para sus gastos ordinarios, además de los ingresos que obtienen vía impuestos: lo que le transfiere el Gobierno central, a través la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), y la Junta, a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica). Y, desde hace varios años, esta última es objeto de polémica, debido a que se está incumpliendo una ley de 2010 que preveía una serie de incrementos del fondo hasta el año 2014 que se quedaron en el camino por la crisis.

El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y el resto de diputados andaluces por la provincia, volvieron a denunciar ayer que si se hubieran aplicado los incrementos fijados en varios artículos de la ley 6/2010 de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, los 105 ayuntamientos de Sevilla ingresarían este año 48 millones más. La "deuda" acumulada por este concepto desde 2013 supera los 163 millones de euros.

Esos artículos recogían que en 2013 y 2014 la cantidad base que la Junta transfiere de estos "fondos incondicionados" se incrementara en 60 millones cada año, como sí se llegó a hacer en 2011 y en 2012. "Para Susana Díaz sólo se trata de un número, pero para los ayuntamientos supone poder garantizar servicios que tienen que prestar, pagar deudas y sacar proyectos de interés para sus vecinos", se lamentó Bueno.

El diputado insistió en que el PP sigue estudiando si hay alguna forma de denunciar por la vía judicial que la ley no se aplique. Además, iniciará una nueva oleada de mociones en los plenos de los ayuntamientos, la Diputación y el propio Parlamento. En el caso de la capital, la deuda acumulada roza los 50,9 millones. En Los Palacios son más de 3 millones y 388.000 euros en Huévar, por ejemplo. Estas nuevas críticas del PP llegan sólo unas semanas después de que la Junta adelantara que transferirá 96,6 millones de estos fondos de la Patrica a los municipios de Sevilla este año. La Junta ha venido justificando que no puede aplicar esos incrementos por la caída de sus propios ingresos y que el Gobierno también ha "castigado" a Andalucía con menos financiación de la que le corresponde por población.