El primer paso es hacer un inventario con las viviendas construidas de manera ilegal y el segundo, llegar a acuerdos con los propietarios y con los ayuntamientos para intentar regularizar la situación, especialmente en el caso de las primeras residencias. El PP instó ayer a la Junta de Andalucía a acelerar el proceso de normalización de las construcciones que desde la década de los 70 se han venido realizando en toda la comunidad y a aplicar "un criterio común" que evite discriminaciones en función del color político de los gobiernos municipales.

La diputada autonómica Alicia Martínez y la provincial Regina Serrano anunciaron ayer en rueda de prensa que su partido presentará mociones en la Diputación y en los ayuntamientos sevillanos para solicitar el "restablecimiento de la ordenación urbanística" y para que la Administración autonómica dé respuesta a un problema "al que no puede dar la espalda".

A su juicio, la demolición de estas viviendas sólo debe llevarse a cabo en casos extremos y cuando no haya posibilidades reales de legalización, como seríe la ocupación de un cauce fluvial. "Es impensable que se vayan a demoler todas", dijo.

Martínez se refirió a los propietarios de estas viviendas como "afectados" y aseguró que "es evidente" que el coste del proceso de legalización de las viviendas -lo que implica la realización de algunas infraestructuras y obras para las acometidas de agua, electricidad y saneamiento, ya que en su mayoría se sitúan en suelos rústicos- "no puede recaer en los vecinos". "Seguro que quieren colaborar", apuntó la diputada, quien depositó dicha responsabilidad en la Junta y los ayuntamientos.

La legalización de las casas debe ir pareja a la dotación de las urbanizaciones en las que se ubican de servicios como los sanitarios o los educativos, no tanto de zonas verdes, añadió, porque "no tiene sentido pensar en espacios verdes en sitios que ya los tienen".

Para dejar constancia de la importancia del problema, Martínez citó los casos de Castilblanco de los Arroyos, donde existen alrededor de 1.500 viviendas ilegales, y Carmona, donde el número de urbanizaciones sin licencia en su término municipal roza el medio centenar. La lista es larga e incluye prácticamente a todos los municipios de la Sierra Norte y a muchos de la segunda corona metropolitana de Sevilla.

Más cauta se mostró la parlamentaria respecto de la intermediación del que era cuñado del alcalde de Bollullos de la Mitación, Antonino Gallego (PP), en una operación de venta de suelos rústicos posteriormente recalificados por el Ayuntamiento, una labor de corretaje por la que el primero reclama más de 300.000 euros. "No conozco el tema en profundidad. No obstante, lo veremos", apuntó Martínez.