El PSOE-A ha expresado su preocupación por que el Gobierno central, tras su decisión de recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de la Junta de Andalucía que regula la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), busque dar el "pelotazo" y un "segundo Boliden" en la citada explotación minera.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha manifestado en rueda de prensa que, más allá de cuestiones administrativas, con este asunto asistimos una vez más a la estrategia de "ataque" del Gobierno contra Andalucía, con el Boletín Oficial del Estado (BOE) como arma y con decisiones arbitrarias para impedir que esta comunidad pueda iniciar la recuperación económica y la creación de empleo. Jiménez ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia del Gobierno andaluz ante el Pleno del Parlamento de la próxima semana para explicar las actuaciones que ha puesto en marcha para garantizar la reapertura de la mina y las consecuencias de la presentación por parte del Gobierno del recurso ante el TC, con "nocturnidad y alevosía".

Asimismo, el PSOE-A promoverá una declaración institucional de la Cámara -que deberá tener el consenso de los tres grupos parlamentarios para que pueda producirse- en la que se demanda la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad y que el Gobierno convoque la comisión bilateral para llevar a cabo un diálogo entre ambas administraciones y se diriman diferencias o se corrijan los elementos que sean necesarios.

Para Mario Jiménez, es una "tomadura de pelo" que el Gobierno central aún no se haya puesto en contacto con la Junta de Andalucía para plantear un diálogo y buscar una solución a la situación que se ha creado. Ha mostrado su preocupación por que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretenda sentar dudas sobre la capacidad de Andalucía para generar riqueza en el sector de la minería y lanzar un mensaje de que esta comunidad no es territorio donde se deba invertir.

El portavoz socialista considera que detrás de la decisión del Gobierno de recurrir el decreto ley de la Junta hay otros intereses que no tienen nada que ver con el interés generales, sino más bien con favorecer la especulación y que la mina fuera explotada por una empresa sin que se haya sometido a un proceso abierto y transparente. "Reclama las competencias para dar un pelotazo con la mina y tomar una decisión arbitraria que no sabemos a quién va a beneficiar", ha expresado Jiménez en referencia al Gobierno, al tiempo que ha advertido también de que parece que algunos quieren hacer de  "embajador de alguien" que llegaría a la mina sin tener que pasar los "filtros" que garantizan el interés general.

A su juicio, el Ejecutivo nacional se ha dado cuenta del potencial que tiene el sector minero andaluz en términos económicos y no está dispuesto a que la Junta pueda disponer, en nombre del pueblo andaluz, de esos recursos garantizando su explotación para generar empleo y riqueza en la comunidad. Ha insistido en que el Gobierno central pretende "hurtar" a la Junta el control sobre esta actividad, que es muy importante desde el punto de vista de la generación de riqueza y empleo.

Asimismo, el portavoz del grupo socialista se ha preguntado dónde está el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, que no ha "abierto la boca" ante esta cuestión. "No encontramos por ningún lado a Moreno, porque no tiene criterio o está escondido debajo de las piedras, avergonzado de que no lo respeten en el Gobierno", según ha expresado Mario Jiménez, para quien si el presidente del PP-A tuviera autoridad, debería llamar al Ejecutivo nacional para pedir que se produzca de manera inmediata la reunión de la comisión bilateral que permita encontrar una solución.

El recurso evitará "judicializar" la reapertura

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad evitará "judicializar" dicha apertura. En rueda de prensa en Córdoba, López ha manifestado que la Junta de Andalucía "se ha saltado el procedimiento" con el decreto de reapertura, ya que "había terceras empresas que habían anunciado un recurso". Ha aclarado que si el Gobierno no interpone ese recurso de inconstitucionalidad e intervienen las terceras empresas, el proceso de reapertura "se judicializa por años".

En este sentido, López ha recordado que la provincia de Huelva ha sufrido un caso similar con la reapertura de la mina de Riotinto, que lleva "siete años en los juzgados". La secretaria general del PP-A ha asegurado que la reapertura de la mina de Aznalcóllar se llevará a cabo "sin duda" y "de la mano del Gobierno central", que ha "actuado a tiempo". Además, ha resaltado que el Gobierno ha "tendido la mano a la Junta" para iniciar las "negociaciones a nivel técnico" que permitan a administración regional "subsanar la vulneración que ha cometido de la ley" y, de este modo, "garantizar la reapertura de la mina".