"Hicimos lo que teníamos que hacer, políticamente hablando, y no caben responsabilidades políticas (...). No siempre lo justo es lo legal". Estas frases del portavoz socialista, Francisco Díaz Morillo, pueden resumir los argumentos con los que el gobierno de la Diputación despachó ayer en el Pleno la polémica por la gestión de los fondos Feder de la UE aprobados para la Sevilla en 1996, la mayor partida otorgada a una provincia, de la que se tendrán que devolver 8,9 millones de euros, 1.500 millones de las antiguas pesetas, que no se usaron para los fines previstos. 6,7 millones de euros son fondos mal empleados y 2,1 intereses de demora acumulados desde 2002, cuando los reclamó por primera vez la Intervención General del Estado. La modificación presupuestaria para afrontar el pago se aprobó ayer, con la abstención de la oposición y el apoyo del PSOE.

El gobierno se escudó en que no hizo nada ilegal (habría denuncias) y en que sólo tuvo 13 meses (de noviembre de 1998 a diciembre de 1999, porque el Gobierno del PP en Madrid se retrasó al emitir la resolución que se esperaba desde 1996, dijo) para ejecutar los 13.500 millones de pesetas que le llegaron. Tuvo que tomar decisiones rápido y, según su criterio, financiar la sede de Sevilla Siglo XXI (sociedad creada ex profeso para los Feder), locales sindicales en la provincia o pagar a asesores entraba dentro del fomento de la cultura emprendedora que justificaba el programa. "Se actuó en favor de la justicia social, no íbamos a devolver el dinero, lo primero era la provincia", insistió Morillo, quien recordó que los representantes del Gobierno central no pusieron pegas en las comisiones de seguimiento.

Para el PP no hay paños calientes y el gobierno no puede erigirse en adalid de la justicia social eludiendo la legalidad, dijo el portavoz, Juan Bueno. "Estamos casi al final de un proceso que ha sido uno de los mayores escándalos de la gestión socialista de la Diputación", aseveró, e insistió en que los responsables políticos de aquella gestión deben dimitir, dejar de tomar decisiones sobre el dinero de los sevillanos. El PA e IU también exigieron, aunque de forma mucho más tibia, responsabilidad política por lo ocurrido.

El nombre del entonces presidente, Alfredo Sánchez Monteseirín, salió varias veces a la palestra en uno de los debates más intensos y tensos de los últimos años en el Salón del Plenos del antiguo cuartel de la Puerta de la Carne. También se recordó que el hoy presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, era el responsable del área de Desarrollo y de Sevilla Siglo XXI. Suya fue además la decisión de no pagar en 2002 y esperar hasta ahora, cuando los 6,7 millones se han convertido en casi nueve por los intereses.

"Con ese dinero se podrían construir cinco consultorios médicos; o dos residencias de mayores con 120 plazas cada una; o 12 centros de día; o nueve centros comarcales de alzhéimer; o 18 guarderías o 130 VPO...", enumeró el del PP, para ejemplificar el "menoscabo" que sufrirán los sevillanos a consecuencia de la "mala gestión" de los socialistas. También les acusó de haber tardado más de un año en tomar la decisión y esperar a que pasaran las elecciones municipales, generales y autonómicas para evitar el desgaste político.

No estuvo de acuerdo Villalobos, quien en una de las veces en que no pudo contenerse y tomó la palabra, aseguró que "en una empresa privada me darían un plus", por esa gestión: si se gastaron 300 millones de pesetas en la sede de Sevilla Siglo XXI, su valor se ha multiplicado, como lo ha hecho el Centro de Iniciativas Empresarias ubicado en Blanco White, en Bellavista, resumió.

En cuanto a la decisión de depositar el dinero ahora y no en 2002, aclaró aquel año la Diputación no podía endeudarse y de haberlo hecho los intereses serían mayores que los dos millones de euros de demora que le reclama el Estado. El dinero se va a obtener, en su mayor parte, de la venta de Bonos del Estado. En cualquier caso, todo sigue pendiente de que el Tribunal Supremo, ante el que la Diputación ha presentado un recurso de casación, se pronuncie definitivamente sobre el asunto, que ya ha perdido en el contenciso-administrativo.

El gobierno socialista defendió además su gestión recordando el efecto "multiplicador" que la gestión de los fondos Feder tuvo en la provincia: con los 13.500 millones de las antiguas pesetas del dinero de la UE se generó una inversión "inducida" de 40.000, dijo Díaz Morillo, quien afirmó que se ayudó a la creación o mejora de 1.864 empresas, se crearon 4.500 empleos directos y habilitaron 63 polígonos industriales y 29 centros multifuncionales, además de revalorizar 635 espacios públicos. Hubo proyectos en todos los municipios y en la capital. Para el PP los mil millones de las antiguas pesetas que se emplearon mal no son sólo un "escándalo" sino un descrédito y desprestigio del organismo ante la UE.