La acusación particular ha pedido diez años de inhabilitación y multa de 14.400 euros para Eustaquio Castaño (PP), ex alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y sus ocho concejales por dar una licencia de obras ilegal a una hermandad de Semana Santa con objeto de dar cabida a su paso de la Virgen.

Esta petición se une a los 8 años de cárcel que ya ha pedido la Fiscalía de Urbanismo de Sevilla para los nueve imputados, junto al pago de una multa de 5.400 euros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los imputados dieron una licencia de obras a la Hermandad de la Soledad en un pleno municipal celebrado el 16 de septiembre de 2002, con la mención expresa de que "superaba excepcional y puntualmente la altura prevista en las normas subsidiarias" del Ayuntamiento.

Por ello, la acusación particular que ejerce el vecino afectado por las obras ha pedido para cada procesado 10 años de inhabilitación y una multa de 24 meses, con cuota diaria de 20 euros, lo que equivale a 14.400 euros, por un presunto delito contra la ordenación del territorio por prevaricación.

Pese a que Castaño ya no es alcalde de Sanlúcar, las peticiones de inhabilitación para cargo o empleo público pueden ser especialmente gravosas para uno de los acusados, que es funcionario público de profesión y era concejal de Hacienda cuando ocurrieron los hechos, han dicho a Efe fuentes del caso.

La licencia de obras inicial para la Hermandad de la Soledad fue concedida el 29 de abril de 2002, y según la misma el edificio no debía exceder de 7 metros, máximo permitido por la normativa municipal.

El 27 de agosto, el hermano mayor presentó un reformado del proyecto, en el que solicitaba una excepción y poder elevar el edificio hasta 9 metros con objeto de que pudiera pasar el paso de la Virgen, pese a que en esa misma comunicación "reconocía contraria a las normas de planeamiento vigentes", según las acusaciones.

Tal solicitud "fue informada negativamente por el arquitecto municipal, aunque, "excediéndose en su cometido técnico", afirma la Fiscalía, añadía que "debido al carácter social de las actividades a desarrollar, podría ser la Comisión de Gobierno la que valorara la procedencia de la excepcionalidad solicitada".

Poco después, la secretaria general de la corporación hizo un nuevo informe en el que exponía que la licencia era contraria al planeamiento urbano, que "no eran posibles reservas de dispensación", y que "la Administración carecía de libertad de acción y debía ceñirse estrictamente a las disposiciones normativas aplicables".

El actual alcalde, Juan Escámez (PSOE), fue imputado en el mismo caso por denuncia de un concejal del PA en Sanlúcar pero lo fue en fechas muy posteriores, por lo que el juez ha acordado tramitar aparte esta pieza ya que no tiene conexión con la anterior.