Salteras

Piden el cierre indefinido de un club de alterne y 16 años a sus encargados

  • La Fiscalía solicita cárcel para tres rumanos, un marroquí y una española responsables de un local de Salteras que contactaba con chicas rumanas para su explotación sexual.

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La Fiscalía ha solicitado 16 años de cárcel por delitos de prostitución y contra los derechos de los trabajadores extranjeros a los encargados de un club de alterne de Salteras, en un escrito de acusación que contiene la particularidad de exigir su clausura indefinida.

El escrito de acusación del fiscal solicita para tres rumanos, un marroquí y una española 16 años de cárcel a cada uno, porque supuestamente contactaban con chicas rumanas y, una vez en España, les retiraban el pasaporte para dejarlas indocumentadas e impedir que salieran del local.

El juicio contra los encargados del "Club El Rey", situado en la carretera de Extremadura de Salteras, ha quedado hoy aplazado hasta el 26 de marzo en la Audiencia provincial porque faltó una de las procesadas, según han informado a Efe fuentes judiciales.

El fiscal solicita, junto a las penas de cárcel, la "clausura indefinida" del pub, según prevé el Código Penal para los establecimientos que sean utilizados para cometer delitos contra la libertad sexual.

Según la Fiscalía, la acusada rumana F.N.C. viajó en noviembre de 2003 a su país y allí contactó al menos con una chica, a la que prometió trabajo y consiguió introducir ilegalmente en España junto con otras mujeres, que fueron trasladadas al "Club El Rey".

Esta acusada, junto a la también rumana I.B., quitaron el pasaporte a las chicas "a fin de dejarlas indocumentadas e impedir que pudieran salir del local", sostiene la Fiscalía.

Esta chica, que está amparada por la Ley de Protección de Testigos y va a declarar por videoconferencia en el juicio, sostiene que una vez instalada en el local, la obligaron "mediante amenazas y una vez mediante agresiones" a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con los clientes del club.

Los tres rumanos procesados "ejercían el control directo sobre las chicas que trabajaban", mientras que la española y el marroquí imputados eran encargados de "recoger el dinero obtenido" por las jóvenes.

Junto a las condenas de cárcel, el fiscal solicita que los imputados indemnicen a la joven rumana en 24.000 euros por los daños morales causados.

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