La Fiscalía ha pedido 8 años de inhabilitación para María José Borge, delegada de Educación, por adjudicar un contrato público a una empresa sin la solvencia exigida y constituida tres días antes. El contrato debía adjudicarse a una empresa "de reconocida solvencia técnica y profesional", pero la acusada lo otorgó a una compañía constituida tres días antes y que poco después renunció a la adjudicación alegando que los medios necesarios para el desarrollo del contrato excedían de lo inicialmente previsto.