Tribunales

Piden 8 años de inhabilitación al ex alcalde de Sanlúcar por dar una licencia ilegal a una hermandad

  • La Fiscalía de Sevilla pide además 5.400 euros de multa para Eustaquio Castaño y sus ocho concejales, para los cuales también solicita ocho años de inhabilitación por otorgar una licencia ilegal que permitiera a una cofradía dar cabida a su paso de Virgen.

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 8 años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros para Eustaquio Castaño (PP), ex alcalde de Sanlúcar la Mayor, y sus ocho concejales por dar una licencia de obras ilegal a una hermandad de Semana Santa con objeto de dar cabida a su paso de la Virgen.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que los imputados dieron la licencia de obras en un pleno municipal celebrado el 16 de septiembre de 2002, con la mención expresa de que "superaba excepcional y puntualmente la altura prevista en las normas subsidiarias" del Ayuntamiento.

Por ello, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de ellos 18 meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, lo que equivale a 5.400 euros, y una inhabilitación para cargo público durante 8 años por un presunto delito contra la ordenación del territorio por prevaricación.

Precisa la acusación que la licencia de obras inicial para la Hermandad de la Soledad fue concedida el 29 de abril de 2002, y según la misma el edificio no debía exceder de 7 metros, máximo permitido por la normativa municipal.

El 27 de agosto, el hermano mayor presentó un reformado del proyecto, en el que solicitaba una excepción de las normas subsidiarias y poder elevar el edificio hasta 9 metros, pese a que en esa misma comunicación "reconocía contraria a las normas de planeamiento vigentes", dice el fiscal.

Tal solicitud "fue informada negativamente por el arquitecto municipal, aunque, "excediéndose en su cometido técnico", afirma la Fiscalía, añadía que "debido al carácter social de las actividades a desarrollar, podría ser la Comisión de Gobierno la que valorara la procedencia de la excepcionalidad solicitada".

Poco después, la secretaria general de la corporación hizo un nuevo informe en el que exponía que la licencia era contraria al planeamiento urbano, que "no eran posibles reservas de dispensación", y que "la Administración carecía de libertad de acción y debía ceñirse estrictamente a las disposiciones normativas aplicables".

La acusación particular que ejerce un vecino afectado por las obras también ha presentado su calificación y ha pedido para cada procesado diez años de inhabilitación especial para cargo público.

El actual alcalde, Juan Escámez (PSOE), fue imputado en el mismo caso por denuncia de un concejal del PA en Sanlúcar pero lo fue en fechas muy posteriores, por lo que el juez ha acordado tramitar aparte esta pieza ya que no tiene conexión con la anterior.

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