El Plan Metropolitano se aplaza a enero a la espera de un informe ambiental

  • La Junta pretende resolver antes de verano las alegaciones de la mayoría de los 45 ayuntamientos implicados

El documento con el que la Junta de Andalucía debe marcar las líneas maestras de los planeamientos urbanísticos de los 45 ayuntamientos del área metropolitana de Sevilla, el tan traído y llevado Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), no será aprobado hasta "principios del próximo año". El anuncio fue realizado ayer en el Parlamento por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en su primera comparecencia como titular de este departamento.

La Administración autonómica quiere agilizar los trámites para sacar adelante el Potaus y activar la construcción de viviendas de protección oficial, el gran objetivo de la legislatura, pero sus intenciones tropiezan con unos trámites que rompen muchos de los esquemas diseñados.

Según expuso Espadas al término de la Comisión de Vivienda y Ordenación del Territorio, la intención es resolver las alegaciones realizadas por los municipios al documento inicial, presentado en octubre del año pasado, antes de las vacaciones estivales para remitirlo a continuación a la Consejería de Medio Ambiente, que someterá el documento a un informe de evaluación ambiental antes de ser remitido para su aprobación definitiva al Consejo de Gobierno.

Otras dos razones añadidas están ralentizando el proceso: de un lado, el desgaje de las competencias de ordenación del territorio de la Consejería de Obras Públicas ha provocado que el departamento de Espadas se haya visto obligado casi a empezar de cero y, por otro, la Junta quiere dar prioridad a la aprobación este mismo mes del IV Plan de Vivienda, que se ha marcado como meta la construcción en Andalucía de 132.000 viviendas de aquí a 2012.

El Potaus tiene por objetivo desarrollar el marco general establecido por el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), aprobado en diciembre de 2006 por el Parlamento, aunque las restricciones marcadas en éste han sido superadas ampliamente en el último año -más en concreto, en los meses previos a las elecciones de marzo pasado- para adaptarse a las demandas de los ayuntamientos y responder a los compromisos de construcción de vivienda protegida asumidos por el PSOE y el Gobierno andaluz.

No obstante, mientras el Potaus no esté sobre la mesa con todos sus aspectos en negro sobre blanco, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no podrán ni diseñar ni desarrollar sus planes urbanísticos. La oposición le echó ayer precisamente en cara a Espadas los retrasos acumulados que presenta el desarrollo de la normativa urbanística andaluza, especialmente desde que en 2002 se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), donde ya se obligaba a los municipios a reservar en sus PGOU el 30% de sus suelos a la construcción de VPO.

En línea con el reciente pronunciamiento del Defensor del Pueblo Andaluz, Alicia Martínez (PP) hizo hincapié en la inseguridad jurídica generada por la "superproducción normativa" de la Junta en la materia, en tanto que Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) acusó a los socialistas de haber fomentado en sus 25 años de gobierno la especulación urbanística contra la que pretende ahora luchar.

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