El Pleno del Ayuntamiento de Aznalcázar aprobó ayer por unanimidad una nueva "suspensión temporal" del artículo de la denominada Ordenanza reguladora del uso público y aprovechamientos forestales que afecta a la Romería del Rocío y en el que se incluye la fianza de 3.000 euros que pretendía cobrar a las hermandades que sestean o pernoctan en su término, y la tasa de 25 euros por vehículo, que no han llegado a aplicarse en los tres años que lleva en vigor. Según precisó la nueva alcaldesa, la socialista Manuela Cabello, la decisión se ha tomado después de que la Diputación se haya comprometido, como el año pasado, a aportar fondos extras al Ayuntamiento, que permitan la contratación de vecinos para reforzar las tareas de limpieza, vigilancia y conservación que ya se realizan en la zona, en los días previos y posteriores a la romería, según una memoria elaborada por el Consistorio. Serán unos 30.000 euros, la misma cantidad de 2015, aunque se ha abonado ahora.

Este dinero es adicional al que, desde hace años, la Diputación aporta ya dentro del dispositivo del Plan Romero, en el que se encarga de la retirada de residuos, con un coste de más de 46.000 euros, aunque lo hace con empresas subcontratadas. De ahí que el municipio lleve años empeñado en obtener recursos que le permitan mantener el que es su principal activo y lograr mayor repercusión económica de la romería, dado que es el que recibe el impacto en sus pinares del paso de hasta 57 hermandades hacia el Vado de Quema, de las que 37 sestean o pernoctan en terrenos de propiedad del municipio. Con ese dinero extra, está previsto que se contrate en los próximos días a unas 15 personas, para adecuar los terrenos y establecer medidas de protección para la fauna. Durante la romería, serán dos y, en los días posteriores, una decena.

La alcaldesa destacó que las hermandades están sensibilizadas, pero "traen" con ellas a mucha gente que no lo está tanto y el uso intensivo que se hace de los pinares deja inevitablemente una huella que pretenden paliar. El Ayuntamiento consideró que el modo era esta fianza, que, insiste, no es un peaje, porque se devuelve si no hay daños. "Otras administraciones creen que no se debe repercutir en los romeros", dice. "El 86% de nuestro término está protegido, cualquier industria o negocios debe cumplir unos requisitos ambientales diez veces más exigentes", explica la edil. "Creemos en nuestro medio ambiente y queremos preservarlo y que sea además una fuente de riqueza; estamos encantados de recibir a los romeros, pero queremos evitar los daños en los pinares".

La ordenanza entró en vigor en marzo de 2014 y regula otros muchos aspectos de los usos que se hacen de estos pinares, además del Rocío. El artículo que afecta a la romería nunca se ha aplicado: el primer año, en mitad ya de una fuerte controversia, se suspendió porque faltaba poco ya para la romería. En los meses siguientes, la Junta llevó incluso el texto a los tribunales, en un caso que no se ha resuelto aún. En 2015, la aplicación de ese punto se suspendió de nuevo, esta vez, tras el acuerdo con la Diputación Provincial.

Al margen de la ordenanza, los residuos que la Diputación recogió el año pasado durante y tras el Rocío aumentaron de forma notable. En total fueron 118 toneladas en todos los caminos y zonas públicas de acampada de la provincia, un 41% más que en 2014 que la propia Diputación atribuyó al aumento de la afluencia de peregrinos tras años de contención por la crisis.