El equipo del Defensor del Pueblo Andaluz abrió, a finales de 2016, una actuación de oficio en materia de ordenación del territorio a raíz de la última Memoria Anual de la Fiscalía, que advierte que se ha roto la "tendencia hacia la reducción" de la actividad edificatoria ilegal en suelos no urbanizables, que parece que remonta, como otras cosas, después de unos años de crisis o de contención.
Las infracciones por construcciones en suelo rústico son un "problema enquistado", según se recoge en el informe de 2016 de la institución. "Se está agravando, pese a que no tendría lugar si los ayuntamientos no miraran para otro lado", añade Jesús Maeztu. "Creemos que ha llegado la hora de que los poderes públicos asuman el papel que les corresponde en un Estado de Derecho en orden a tutelar la legalidad urbanística". El Defensor coincide con la Fiscalía en la "escasa eficacia" que tienen las medidas cautelares de los procedimientos administrativos, que se incumplen en la mayoría de los casos.
Como ejemplo de este aspecto, la "defensoría" resalta de nuevo uno de los casos que han abordado a lo largo del año 2016 en la provincia de Sevilla: una queja que abrió de oficio, tras recibir la información de la Fiscalía de Medio Ambiente -en virtud del acuerdo de colaboración que tienen en este aspecto- sobre una denuncia del Ayuntamiento de Morón de la Frontera contra varias personas por una parcelación ilegal en suelo no urbanizable de especial protección.
La documentación remitida por el Consistorio es "farragosa", según el criterio de la propia Fiscalía, que sólo ha podido iniciar diligencias sobre varias personas, por hechos que datan de 2007, porque otros habrían prescrito ya administrativamente, aclara.
El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en su respuesta al Defensor del Pueblo, alegó que sí ha iniciado un procedimiento para que se reponga la realidad física alterada y el correspondiente procedimiento sancionador. Sin entrar en los aspectos que están bajo investigación judicial, Maeztu se dirigió a su vez al Consistorio para pedirle la "máxima colaboración" con las autoridades judiciales.
También solicitó que dé cuenta a la Agencia Tributaria de los datos de que disponga sobre la parcelación inicial y los promotores de la misma, para que se pueda investigar un posible ingreso patrimonial no declarado a efectos fiscales y "estudie las actuaciones a seguir para salvaguardar los intereses públicos que, en su caso, hayan sido lesionados". "Esperamos que, en el futuro, por parte del Ayuntamiento se actúe con la eficacia y diligencia", concluye.
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