El magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo ha citado a declarar el próximo 8 de febrero al diputado del PSOE y ex alcalde de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación el "saqueo" en la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM S.A.), vinculada al Ayuntamiento alcalareño, según han informado fuentes del Alto Tribunal.

El Supremo recibió el pasado mes de junio la exposición razonada elevada por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, Javier Francisco Alba, y en noviembre pasado decidió abrir una causa contra Gutiérrez Limones, que ahora deberá comparecer para prestar declaración sobre estos hechos.

A partir de la exposición razonada del juez y de los datos que se concretan sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el Supremo asumió la competencia en lo que respecta sólo a Gutiérrez Limones, descartando investigar al resto de personas no aforadas.

En la exposición razonada remitida por el Juzgado al Tribunal Supremo, el juez apreció la existencia de "indicios de criminalidad" contra el ex alcalde por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con los gastos en comida, viajes y regalos cargados en las cuentas de ACM, unas actuaciones de las que según el juez era "conocedor directo" el aforado Antonio Gutiérrez Limones, a quien atribuye no sólo la realización directa de actos de malversación, sino por no haber adoptado las medidas "a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública, circunstancias de las que era conocedor desde el inicio por las manifestaciones reiteradas del interventor" y de los asistentes a una reunión con el contable de ACM en junio de 2001, en la que entre otros estuvieron presentes varios concejales, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Jiménez Contreras, precisa el juez en la exposición razonada.

En esa reunión, el contable reconocía "abiertamente", sin saber que estaba siendo grabada la conversación, una serie de "graves irregularidades penalmente relevantes, aludiendo a gastos en comidas de los responsables de ACM (más de 15.000 euros entre 2008 y 2011), entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la presidenta, viajes realizado a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa y retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias, detallaba el juez, que señaló que todas estas irregularidades fueron "corroboradas" por la investigación desarrollada por la Guardia Civil.

Algunas de estas facturas afectan al ex alcalde, en concreto, el pago de 976,15 euros por un viaje realizado a Madrid entre el 29 de junio y el 17 de julio de 2007, en el que la investigación ha descubierto que los conceptos incluidos "no tendrían nada que ver con el cometido de la empresa municipal, siendo supuestamente disfrutados con dinero público por Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos", y que incluiría billetes de tren, gastos de hotel y entradas al parque Warner Bross y Faunia.

El juez decía que hasta en "seis ocasiones" el interventor comunicó por escrito y en más ocasiones verbalmente al entonces alcalde y a los concejales más próximo la necesidad de dotar con más medios personales y materiales su puesto para "controlar las cuentas de ACM", pero no se actuó. Es más, el instructor denunció la existencia de una "actitud deliberada y obstruccionista por parte de la junta de gobierno y de la junta general de ACM, ambas presididas por Gutiérrez Limones, para que no se llevara a cabo el control contable, financiero y de eficacia de la empresa pública", lo que posibilitó el "hundimiento" de la entidad que entre 2003 y 2013 dispuso de más de 13 millones de euros.

La Fiscalía había pedido ya en 2016 al juez que enviara la causa al Supremo ante los "serios indicios" que apuntan a la implicación de Gutiérrez Limones en estos hechos, reclamando que el Alto Tribunal asumiera la investigación también de los investigados que no son aforados, ya que "el conocimiento exhaustivo de los hechos exige la valoración conjunta y unitaria del proceder de todos los investigados en el desarrollo del plan urdido para la comisión del presunto ilícito que se investiga".